02 Ene 09:21h
El presidente Javier Milei aprobó una modificación en el esquema salarial de los altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, medida que puso fin al congelamiento vigente desde diciembre de 2023.
A través del Decreto 931/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó el traslado del porcentaje acumulado de los aumentos negociados por la administración pública entre enero de 2024 y julio de 2025 a las retribuciones de ministros, secretarios y subsecretarios.
No obstante, la norma aclaró que este incremento no incluye al Presidente de la Nación ni a la vicepresidente Victoria Villarruel, y tampoco cuenta con efectos retroactivos.
La decisión de actualizar los haberes se sustentó en el tiempo transcurrido bajo el congelamiento previo y en la mejora de las variables macroeconómicas. Las autoridades destacaron que el programa económico logró acumular 22 meses de superávit fiscal y una estabilización de la emergencia social y financiera para finales de 2025.
Sin embargo, el decreto estableció una cláusula de resguardo que determina el congelamiento automático de estos salarios en caso de que el Ministerio de Economía constate públicamente la existencia de déficit fiscal financiero acumulado en el futuro.
Un nuevo sistema de empleo público y profesionalización
Además de la actualización salarial, el decreto instruyó a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a implementar un nuevo sistema de empleo público. Esta reforma busca modificar los mecanismos de ingreso basándolos en el mérito, evaluaciones periódicas de desempeño y esquemas de remuneración directamente vinculados a la responsabilidad y las funciones de cada cargo.
El objetivo declarado por el Ejecutivo es garantizar la transparencia, la igualdad de oportunidades y una mayor profesionalización de la dotación estatal en el ámbito del Sector Público Nacional.
Con esta normativa, el Gobierno derogó el artículo 4° del Decreto N° 235 de marzo de 2024, el cual mantuvo las retribuciones políticas fijas durante dos años como parte del ajuste de las cuentas públicas. En aquel momento, la administración remarcó que los políticos debían dar el ejemplo ante un cuadro de inflación interanual superior al 211%.
Ahora, bajo el nuevo esquema, se invitó formalmente al Poder Judicial, al Poder Legislativo y a las administraciones provinciales y municipales a replicar este modelo de austeridad condicionada a los resultados fiscales.
Condicionalidad y sostenibilidad del superávit
La suspensión de nuevos incrementos operará de pleno derecho, sin necesidad de un nuevo acto administrativo, si se llegara a perder el equilibrio fiscal. Esta medida de control buscó asegurar que el aumento de las partidas para el personal superior no comprometiera la sostenibilidad del programa económico.
La Secretaría de Transformación del Estado quedó facultada para reglamentar los detalles técnicos necesarios para la aplicación de este esquema, el cual pretendió equilibrar la actualización de los ingresos jerárquicos con la disciplina presupuestaria mantenida desde el inicio de la gestión.
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