25 Jun 07:46h
La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto de «Súper RIGI», un régimen de incentivos para inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en «industrias del futuro», y convirtió en ley el acuerdo para pagar 171 millones de dólares a los fondos buitre.
En una extensa jornada parlamentaria, el oficialismo logró asegurar ambas victorias legislativas con el apoyo de bloques aliados, a pesar de las críticas de la oposición por la pérdida de recursos fiscales y soberanía jurídica. Entre los seis legisladores sanjuaninos, ambas votaciones terminaron 4 a 2: José Peluc (LLA), Abel Chiconi (LLA), Nancy Picón (PyT) y Carlos Jaime (PyT) de manera afirmativa; Cristian Andino (PJ) y Jorge ‘Koki’ Chica (PJ) de manera negativa.
El proyecto de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI) obtuvo 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones. La iniciativa, que ahora pasa al Senado, está diseñada exclusivamente para sectores de vanguardia tecnológica que actualmente no tienen desarrollo comercial en el país, tales como inteligencia artificial, centros de datos (data centers), fabricación de baterías de litio, electromovilidad y energías renovables.
Para acceder a este esquema, las empresas deberán comprometer una inversión mínima de 1.000 millones de dólares, desembolsando al menos el 20% en los primeros dos años. A cambio, el Estado garantiza una estabilidad normativa por 30 años y beneficios fiscales agresivos, incluyendo una reducción de la alícuota de Ganancias al 15%, amortización acelerada de bienes y arancel cero para importaciones y exportaciones.
Pago a los fondos buitre
Durante la misma sesión, Diputados dio sanción definitiva al pago de 171 millones de dólares para cerrar litigios con los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund. El acuerdo fue aprobado con 138 votos a favor y 98 en contra.
Estos grupos, calificados por la oposición como «fondos buitre», mantenían reclamos por bonos en default desde la crisis de 2001 y habían rechazado los canjes de deuda anteriores. El diputado oficialista Bertie Benegas Lynch defendió la medida argumentando la necesidad de «cerrar esta herida de deshonra internacional», mientras que desde Unión por la Patria denunciaron que se trata de reconocer una «deuda ilegítima».
Orrego acompañó
El oficialismo de La Libertad Avanza contó con el respaldo del PRO, la UCR, el MID y varios bloques provinciales que responden a gobernadores de San Juan, Neuquén, Tucumán, Misiones y Salta. Por el contrario, el rechazo fue liderado por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica.
Las críticas opositoras se centraron en el costo fiscal de los incentivos y la posibilidad de que las empresas recurran a tribunales internacionales para resolver controversias. «Este proyecto es invotable porque choca contra la Constitución», afirmó el diputado Mario Manrique, mientras que Itai Hagman cuestionó la narrativa oficial de pagar a los holdouts para normalizar la economía.
La sesión comenzó con el quórum justo (129 diputados), facilitado por la presencia de Adrián Ravier, quien minutos después renunció a su banca para asumir como Vocero Presidencial, siendo reemplazado por Martín Matzkin.
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