22 Oct 08:04h

El presidente Javier Milei suspendió por decreto la aplicación de las leyes de emergencia en pediatría y de financiamiento para las universidades públicas, a pesar de que habían sido aprobadas por el Congreso con mayorías abrumadoras de dos tercios tras un veto presidencial.

El Gobierno publicó las normas este martes en el Boletín Oficial, pero simultáneamente frenó su ejecución, argumentando que generan un desequilibrio fiscal que pone en riesgo el modelo de déficit cero y la estabilidad macroeconómica.

Esta maniobra desató un repudio generalizado y culminó en una masiva movilización a Plaza de Mayo durante la tarde de este martes, convocada por trabajadores del Hospital Garrahan, docentes universitarios y agrupaciones de personas con discapacidad, ya que el Ejecutivo había postergado semanas atrás la aplicación de la ley de emergencia que ampara a este último sector.

El argumento oficial para suspender las tres normas fue idéntico: que el Congreso no designó las partidas presupuestarias correspondientes, lo que implica un «mayor gasto sin respaldo real» que se financiaría con emisión monetaria.

Según el texto de los decretos firmados por Milei, «la emisión presiona sobre los precios y erosiona el poder adquisitivo de los salarios», por lo que no aplicar las leyes protege de la «aceleración inflacionaria y el empobrecimiento».

El rechazo se canalizó en las calles, donde trabajadores del Hospital Garrahan y la UBA declararon un cese de actividades para unirse a la marcha. La medida del gobierno dejó el caso a tiro de ser judicializado, pues el Presidente y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya enfrentan una denuncia por «incumplimiento de deberes de funcionario público» por el caso de la ley de discapacidad.

Abogados constitucionalistas, como Andrés Gil Domínguez, opinaron que la inacción del Ejecutivo «genera consecuencias penales».

• La Ley de Financiamiento Universitario busca aumentar el presupuesto de las universidades públicas, con una actualización bimestral vinculada a índices de precios, tipo de cambio y tarifas, además de una recomposición salarial para docentes y no docentes.
• La Ley de emergencia del Garrahan propone la recomposición salarial y actualización de residentes, deroga la degradación de las residencias a becas y garantiza insumos y equipamiento crítico.
• La Ley de emergencia en discapacidad dispone la actualización de pensiones y las hace compatibles con el trabajo, incrementa los valores del nomenclador de profesionales y contempla la condonación de deudas, además de obligar a la contratación de personal con discapacidad en empresas privadas.

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