11 Nov 07:59h
El Gobierno nacional dispuso la eliminación de la regulación estatal sobre las cuotas de los colegios privados mediante la publicación del Decreto 787/2025 en el Boletín Oficial, que deroga el Decreto 2417/1993. Esta medida, publicada en la madrugada de este martes, pone fin a un esquema que durante más de tres décadas rigió la relación entre el Estado y los institutos de educación pública de gestión privada y controló sus aranceles.
La decisión suprime la obligación de los establecimientos de comunicar anticipadamente los montos de cuotas y matrículas y de obtener una autorización previa para realizar cualquier modificación de precios, estableciendo un nuevo esquema de libre fijación.
Según los fundamentos de la nueva normativa, el sistema derogado generaba «efectos contraproducentes» que afectaban la viabilidad económica y el funcionamiento de los institutos.
Se argumentó que la exigencia de informar y autorizar los valores con antelación limitaba la capacidad de las instituciones de adaptarse a las fluctuaciones del mercado y los costos operativos, obligándolas a fijar cuotas más elevadas de forma preventiva por temor a no poder cubrir gastos futuros sin la aprobación estatal.
El Ejecutivo sostuvo que este mecanismo de control de precios «perjudica a las familias» al limitar su capacidad de elegir establecimientos adecuados a sus posibilidades económicas.
El decreto remarca que la normativa de 1993 respondía a un contexto en el que la administración de la educación dependía de la Nación, pero que tras la transferencia de competencias a las provincias, era necesario revisar el marco para favorecer un entorno más propicio para la gestión privada, garantizando la sostenibilidad y el derecho a una educación de calidad.
El texto también hizo foco en el derecho de propiedad de los institutos, afirmando que deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados sin intervención estatal.
El Gobierno considera que la rigidez de las tarifas impuestas por el Estado podía llevar a una precarización de la calidad educativa, dado que los establecimientos no podían responder adecuadamente a las variaciones en los costos de insumos, salarios y otros gastos operativos sin contar con la autorización previa.
Por ello, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, fue instruido para revisar las pautas contenidas en el Decreto 2542/1991 —la norma madre del financiamiento educativo— y elevar una propuesta de modificación.
El objetivo es avanzar hacia un esquema que resguarde el principio de libre contratación, permitiendo a las instituciones educativas definir sus políticas de precios y compensaciones en el marco de una competencia leal.
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