14 Jul 07:56h
El presidente Javier Milei firmó los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Daniel Bertuzzi como candidatos para la Sala I de la Cámara Federal, el tribunal que deberá decidir sobre la validez de la investigación por la criptomoneda $Libra.
Esta acción del Poder Ejecutivo ocurre apenas días después de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi apartara a los cinco querellantes que impulsaban la causa penal contra el mandatario y su entorno.
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones es un órgano estratégico, pues revisa los fallos de los jueces de primera instancia de Comodoro Py en casos de corrupción.
Con el envío de estos nombres al Senado, el Gobierno busca completar vacantes clave con el apoyo de Juan Bautista Mahiques y Karina Milei. Si se aprueban sus pliegos, Yadarola y Bertuzzi tendrán la tarea de ratificar o revocar la exclusión de los damnificados, una medida que ya fue apelada por las víctimas.
El juez Martínez de Giorgi justificó el apartamiento de los inversores con el argumento de que $Libra es una «memecoin» de alta volatilidad y no una estafa. Para el magistrado, quienes adquirieron el token asumieron un riesgo inherente al mercado financiero, similar a un juego de azar.
Además, el fallo sostiene que los denunciantes no demostraron la titularidad de sus billeteras virtuales ni el origen lícito de los fondos debido a la naturaleza anónima de la red Solana.
Sin la presencia de los querellantes particulares, entre ellos Juan Patricio Marchetto y Alan Vega, la investigación queda bajo el único impulso del fiscal Eduardo Taiano.
Taiano enfrenta severos cuestionamientos por la demora en la recolección de pruebas y por no llamar a declarar a los involucrados tras un año y medio de causa. El expediente investiga presuntos delitos de cohecho y negociaciones incompatibles que involucran a Karina Milei y al vocero Manuel Adorni.
Finalmente, la exclusión de los argentinos del proceso judicial tiene un impacto económico directo en su posibilidad de resarcimiento. Actualmente, hay un fideicomiso offshore con 110 millones de dólares derivados de la maniobra, pero el acceso a esos fondos depende de que los afectados mantengan su estatus de víctimas ante la justicia local.
Por su parte, la defensa de Mauricio Novelli insiste en que los compradores poseen conocimientos avanzados y no son «particulares ofendidos» por un delito penal.
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