31 Oct 08:34h
El Gobierno nacional dispuso un incremento en el nomenclador de prestaciones para la discapacidad con aumentos que oscilarán entre el 29,7% y el 35,4%, aplicables en tres tramos consecutivos entre octubre y diciembre de 2025.
La medida, que busca garantizar la continuidad y calidad de la atención a los beneficiarios, se estableció a pesar de que la ley de emergencia en discapacidad exige un aumento del 70%, por lo que las organizaciones del sector consideran el alza como insuficiente.
El ajuste se concretó tras una reunión del Directorio de Prestaciones Básicas, con la participación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud. La decisión administrativa del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, permitió otorgar la partida presupuestaria adicional necesaria para afrontar los aumentos en el último trimestre del año.
Desde ANDIS y el Ministerio de Salud, liderado por Mario Lugones, señalaron que «se trata de una decisión concreta de acompañar a los prestadores y garantizar la continuidad y calidad de la atención».
El nuevo ajuste se aplicará sobre los valores del nomenclador nacional, la referencia para los aranceles que perciben las instituciones, profesionales y servicios que atienden a personas con discapacidad, incluidos rubros esenciales como internación, transporte, apoyo educativo y rehabilitación.
Sin embargo, el incremento llega con una demora considerable, dado que el último aumento había sido solo del 0,5% en diciembre de 2024. Este retraso generó una crisis en el sector, que incluyó el corte de algunos servicios, el cierre de centros de atención y la demora en los pagos.
Organizaciones como el Foro Permanente de Discapacidad, junto a otras agrupaciones, marcharon frente al Congreso y al Ministerio de Salud para exigir un incremento y reclamar que el Gobierno de Javier Milei «cumpla la Ley de Emergencia en Discapacidad», que exige un aumento del 70% en vez del 35% concedido.
La semana pasada, en un hecho separado, el Ministerio de Salud ya había acatado la orden del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, y restableció las 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que se habían suspendido.
El anuncio del aumento en el nomenclador se produjo después de las elecciones legislativas en las que La Libertad Avanza obtuvo un contundente triunfo.
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