27 Ago 07:39h
El riesgo país de Argentina experimentó un abrupto aumento, y alcanzó los 829 puntos básicos este martes 26 de agosto de 2025, lo que representó un salto de casi 100 puntos en una sola jornada y su valor más alto en cuatro meses. Esta escalada se produjo en un contexto de ruido político y tensiones con los bancos, lo que provocó una huida de inversores de los activos argentinos y caídas significativas en bonos como el AE38D (-4,3%), AL29D (-3,8%) y AL35d (-3,5%).
Expertos señalan que el incremento refleja la incertidumbre de los mercados sobre la capacidad del Gobierno para mantener el esquema económico actual, citando tasas muy altas, falta de reservas y un clima político tenso como factores clave.
El indicador, elaborado por el banco de inversión JP Morgan Chase bajo la denominación EMBI+ (Emerging Bond Index Plus), mide la diferencia entre el rendimiento de un bono argentino a determinado plazo y el de un bono del Tesoro de Estados Unidos, considerado de «riesgo país cero». En esencia, cuantifica cuánto más debe pagar un título argentino por encima de los bonos estadounidenses, sirviendo como una medida del riesgo de default de la deuda soberana para los inversores.
Los bonos tomados en cuenta para este cálculo deben ser en dólares, bajo ley de EE. UU., con emisiones superiores a 500 millones de dólares y una vida promedio de más de 2,5 años. En el caso de Argentina, JP Morgan toma como referencia los bonos Par y Discount en dólares, bajo legislación externa, y bonos a 10 años como el Bonar 2024.
Un riesgo país elevado no solo señala una mayor probabilidad de incumplimiento de deuda, sino que también dificulta la llegada de inversiones a largo plazo, restringe las posibilidades de obtener créditos internacionales y aumenta notoriamente el costo de financiamiento para el país. Además, es un factor crucial en la negociación de precios futuros de exportaciones.
Por ejemplo, si un bono del Tesoro estadounidense rinde un 4,02% anual, Argentina necesitaría ofrecer alrededor de un 15,8% para atraer fondos, lo que subraya el elevado costo financiero que percibe el mercado. Cuanto mayor sea el riesgo país, peor calificación recibirá el país como potencial deudor.
Diversos factores influyen en la calificación del riesgo país, incluyendo:
• Factores económicos: como el nivel de déficit fiscal, el crecimiento del PBI, el balance entre ingresos y deuda, la consistencia de las políticas macroeconómicas, el grado de apertura comercial y financiera, y la diversificación de las exportaciones. Elementos como el nivel de paro, la inflación, los tipos de interés y la balanza de pagos son también ejemplos de riesgos económicos y financieros estructurales.
• Factores sociales y políticos: turbulencias políticas, el grado de influencia política y presión sobre el gasto público. El riesgo político incluye la acción de los gobiernos y las fuerzas sociales, subdividible en sociopolítica y reguladora-administrativa. También se considera la confianza de los mercados en la capacidad del Estado para hacer frente a sus deudas y obligaciones.
• Factores institucionales: la solidez y credibilidad de las instituciones, la estabilidad jurídica y tributaria, y la seguridad pública. También se contempla el riesgo de transferencia (posibilidad de impago por escasez de divisas) y otros riesgos derivados de la actividad financiera internacional, como recesiones económicas o conflictos sociales.
Bajo la gestión del presidente Javier Milei, el riesgo país había iniciado con 1.923 puntos. Tras alcanzar un pico de 2.102 puntos el 9 de enero de 2024, mostró una tendencia a la baja en los meses siguientes, perforando los 1.000 puntos y ubicándose en mínimos desde agosto de 2019. Llegó a 569 puntos el 6 de enero de 2025, impulsado por el «veranito financiero» del Gobierno, que incluyó un blanqueo de capitales que impulsó la compra de activos locales, la suma de reservas por el Banco Central, una política fiscal austera y un descenso en la inflación.
La expectativa de recortes de tasas de interés por la Reserva Federal de EE. UU. también incentivó a los inversores a buscar retornos en mercados emergentes. Sin embargo, la cifra actual de 829 puntos rompe esta tendencia de mejora, superando el techo de los 700 puntos desde marzo y el piso de los 800 puntos desde el 15 de abril.
El objetivo del gobierno de Milei es que este indicador descienda a un rango de 300 a 400 puntos para poder planificar la refinanciación de la deuda que vence en dólares en 2026. A pesar de los esfuerzos, el riesgo país de Argentina, incluso con las mejoras previas, permanece muy por encima del promedio del EMBI para los países emergentes a nivel mundial (313 puntos).
En la región, Argentina se posiciona mejor que Venezuela (20.700 puntos) y Bolivia (1.801 puntos), pero muy por encima de países como Uruguay (92 puntos), Chile (117 puntos), Paraguay (155 puntos) y Perú (158 puntos). En general, la posición de Argentina es endeble, con el mercado castigando al país con una alta prima de riesgo debido a la gran desconfianza en las medidas económicas y en la capacidad de los policymakers para generar estabilidad.
Históricamente, el riesgo país argentino ha sido volátil. Alcanzó su máximo récord de 7.222 puntos el 7 de agosto de 2002, en medio del mega-default, y un mínimo de 184 puntos el 26 de enero de 2007, durante un período de expansión económica global. En marzo de 2020, al inicio de la pandemia, alcanzó los 4.362 puntos básicos. El promedio entre 2000 y 2021 fue de 1.614 puntos, evidenciando una inestabilidad constante.
Analistas no prevén grandes cambios en los próximos meses, ya que la situación estará fuertemente influenciada por el «ruido electoral». La capacidad del Banco Central para mantener el control cambiario sin perder reservas y las señales políticas sobre la continuidad de las medidas serán cruciales para moderar el riesgo país.
La estrategia actual del gobierno, que implica un fuerte ajuste monetario y no inyectar dinero en la economía, castiga la actividad económica, lo cual es opuesto a lo que se ve en la previa de un proceso electoral.
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