22 Oct 13:46h
Las autoridades, docentes y distintos sectores del movimiento universitario definieron que el camino judicial es la única vía para destrabar el conflicto generado por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno nacional.
Esta decisión surgió luego de que el gobierno de Javier Milei promulgó la ley, pero suspendió su ejecución.
Jaime Barcelona, secretario general del sindicato docente universitario ADICUS, confirmó este miércoles en el programa Pelado Stream que las federaciones, en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), preparaban presentaciones judiciales para forzar al Ejecutivo a cumplir con la norma, que establece un aumento presupuestario y una actualización salarial.
Barcelona explicó que esta era la vía para obtener una «orden judicial que obligue al gobierno automáticamente a cumplir la ley».
El dirigente sindical sostuvo que la decisión de ir a la Justicia era «esperable por el grado que tiene el gobierno del deterioro institucional que lleva adelante como política». La estrategia judicial se coordinaría durante un plenario del CIN que se desarrollaría al mediodía de este miércoles.
Este paso se dio porque, según Barcelona, las acciones de protesta gremial se estaban «agotando», y lo próximo que vendría si no se encontraba una solución sería «afectar las mesas de exámenes», algo que la docencia intentaba evitar.
Barcelona explicó que la ley, además del tema presupuestario y salarial, exigía la convocatoria a paritarias, lo que tampoco se había cumplido. El líder de ADICUS consideró que los argumentos de no aplicación eran «políticos más que fiscales o que jurídicos», y que el gobierno «está llevando al límite una conflictividad para sostener un discurso político de ajuste hacia los trabajadores».
El plan de lucha no se limitó a lo judicial, ya que la Federación participó el día anterior en un acto de protesta en Plaza de Mayo, junto a personal y familias vinculadas al hospital Garrahan.
Además, el gremio ADICUS, junto a las demás federaciones, tenía previsto un Congreso entre el 30 y 31 de octubre para evaluar la continuidad del «plan de lucha callejero».
Respecto a la relación con los estudiantes, el secretario general de ADICUS indicó que, si bien el vínculo se mantenía, la extensión del conflicto y la posibilidad de que afectara las mesas de exámenes ponía en riesgo esa relación. Señaló, además, que el paro que se estaba llevando a cabo atravesaba «ideológicamente a todos los sectores de la universidad», incluyendo a docentes que aún sostenían su apoyo al gobierno, pero no acompañaban el ajuste.
PELADO STREAM
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