14 Nov 12:34h

El Consejo Provincial del Partido Justicialista de San Juan emitió un comunicado de respaldo institucional al actual senador nacional Sergio Uñac, al diputado nacional Cristian Andino y a exfuncionarios provinciales.

El pronunciamiento partidario surgió tras la decisión del Ministerio Público Fiscal de solicitar la formalización de acusaciones penales contra 11 personas por presuntas irregularidades en la licitación, contratación y ejecución de la obra pública del Acueducto Gran Tulum.

El documento del peronismo sanjuanino, difundido el 12 de noviembre de 2026 bajo la consigna «Las diferencias políticas deben resolverse en el ámbito democrático», calificó los fundamentos de la causa como «absolutamente arbitrarios» después de nueve meses de investigación. La conducción peronista denunció la existencia de un sesgo «profundamente político y mediatizado» en las actuaciones judiciales, al tiempo que reafirmó la vigencia del Estado de derecho y la independencia de poderes.

Desde la estructura del PJ remarcaron que la historia de gestión que transformó la provincia con obras públicas no puede borrarse mediante disputas judiciales o utilización de las instituciones para debilitar a rivales políticos.

Frente a la coyuntura provincial, las autoridades del partido exigieron al actual Gobierno Provincial que concentre su labor en planificar, gestionar y construir la infraestructura que la población requiere, en lugar de judicializar la confrontación con la administración previa. El escrito detalló un crítico cuadro socioeconómico caracterizado por la parálisis de obras estratégicas de agua y energía, el incremento del endeudamiento familiar, la caída del consumo, la falta de empleo y la pérdida de oportunidades para los jóvenes.

Ante este escenario, el espacio político hizo un llamado a la militancia a mantener la unidad y el compromiso sin especulaciones personales ni divisiones internas.

El posicionamiento del PJ responde a las imputaciones que la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales formalizó el 11 de noviembre de 2026. Los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez, bajo la supervisión de la jueza de Garantías Mónica Lucero, encabezan las pesquisas sobre un presunto plan de administración fraudulenta en perjuicio del Estado que abarca el período transcurrido entre 2013 y 2023. La causa se inició a partir de investigaciones periodísticas que derivaron en la denuncia formal presentada por el abogado Marcelo Arancibia.

Dentro de las medidas operativas dispuestas por el Ministerio Público Fiscal se ejecutaron allanamientos en las sedes de la empresa Krah América Latina S.A., firma proveedora de la cañería utilizada en la traza del acueducto. En los procedimientos, los peritos secuestraron computadoras y documentación contable con el fin de determinar la posible existencia de sobreprecios en las contrataciones y constatar si la calidad técnica del material instalado responde a las exigencias fijadas en los pliegos originales.

La acusación penal presentada por los fiscales del caso alcanza a 11 personas relacionadas con la administración pública provincial y con la firma proveedora:

• Sergio Uñac (senador nacional y exgobernador de San Juan): imputado en carácter de autor por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, bajo la modalidad de concurso real.
• Cristian Andino (diputado nacional y expresidente de OSSE): imputado en calidad de autor por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles, bajo el encuadre de concurso ideal.
• Sergio Fabián Ruiz (expresidente de OSSE entre 2015 y 2019, actual asesor parlamentario): imputado como autor de defraudación por administración fraudulenta, incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles con la función pública, en concurso real.
• Guillermo Nicolás Sirerol (expresidente de OSSE entre 2019 y 2023): imputado como autor del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
• Juan Carlos Caparrós (expresidente de OSSE entre febrero y diciembre de 2019): imputado como autor de defraudación por administración fraudulenta e incumplimiento de deberes de funcionario público, en concurso ideal.
• Gustavo Fabián Mastelone (presidente y representante legal de la empresa Krah América Latina S.A.): imputado como partícipe necesario en el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y autor de violación de los deberes de funcionario público.
• Humberto Gonzalo Caballero (exjefe del Departamento Jurídico de OSSE y actual juez laboral): imputado como partícipe necesario en defraudación por administración fraudulenta y autor de incumplimiento de deberes de funcionario público, en concurso ideal.
• Juan Antonio Sánchez (funcionario de OSSE vinculado al proyecto técnico del acueducto): imputado como partícipe necesario en defraudación por administración fraudulenta y autor de incumplimiento de deberes de funcionario público, en concurso ideal.
• Francisco Javier Correa (exgerente de Obras y auditor técnico de OSSE): imputado como partícipe necesario en defraudación por administración fraudulenta y autor de violación de los deberes de funcionario público.
• Rolando Vicente Caruso (jefe del Departamento Proyectos de OSSE): imputado como partícipe necesario en defraudación por administración fraudulenta y autor de violación de los deberes de funcionario público.
• Julio Ortiz Andino (exministro de Infraestructura entre 2015 y 2023): citado en el expediente judicial, con audiencia de formalización postergada en forma separada tras la acreditación de un viaje al exterior previamente autorizado.

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Acueducto: Piden imputaciones por defraudación, incumplimiento de deberes y otros delitos