10 Mar 08:03h
El Gobierno Nacional avanzó con una reforma integral del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO). La medida, comunicada por el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, busca desregular el servicio y simplificar los trámites para los propietarios de vehículos.
El nuevo esquema extiende los plazos de vigencia para los automóviles nuevos y elimina el monopolio de las plantas verificadoras existentes. La implementación final de estos cambios queda sujeta a la adhesión de cada jurisdicción provincial.
Nuevos plazos para la revisión
La reforma estableció que los vehículos cero kilómetro realizarán su primera revisión recién a los 5 años de antigüedad. El cronograma de controles se dividirá según la edad del parque automotor. Los automóviles que tengan entre 5 y 10 años de uso pasarán a ser revisados cada 2 años. Por su parte, los vehículos con más de una década de antigüedad mantendrán la obligatoriedad de realizar inspecciones con mayor frecuencia.
Fin de la exclusividad en las plantas
El Ejecutivo Nacional eliminó la exclusividad de las plantas de verificación técnica que operaban hasta el momento. La normativa permite que los concesionarios y talleres habilitados realicen las inspecciones vehiculares. También se incluyen en este sistema los talleres dedicados actualmente a la revisión de vehículos de carga. El Gobierno fundamentó esta apertura en la necesidad de generar competencia, reducir los precios y ampliar la cobertura territorial para disminuir los tiempos de espera.
Eliminación de trabas burocráticas
La medida suprimió trámites considerados innecesarios por la actual gestión nacional. Se eliminó el Informe de Configuración de Modelo (ICM), una certificación intermedia que debían abonar los transportistas de carga y pasajeros. Las autoridades definieron este requisito como un circuito burocrático sin sentido que generaba costos extra al sector productivo. La simplificación del sistema pretende agilizar la circulación de bienes y personas en todo el territorio.
Adhesión de las provincias
La vigencia de la reforma en cada distrito depende ahora de la decisión de los gobiernos provinciales. Debido a que la regulación del tránsito es una facultad compartida, cada provincia debe adherir formalmente para que los nuevos plazos y la habilitación de talleres privados entren en vigor en sus jurisdicciones.
La administración nacional presentó esta iniciativa como un paso hacia la modernización del sistema de seguridad vial en el marco de la desregulación económica.
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