29 Oct 07:54h
La jueza de Garantías Mónica Lucero ratificó que el diputado nacional Cristian Andino deberá comparecer de manera presencial a la próxima audiencia por la causa del Acueducto Gran Tulum, fijada para el martes 10 de noviembre a las 14:30 horas, tras desestimar en forma definitiva los pedidos de su defensa para intervenir mediante la plataforma Zoom.
En paralelo, la investigación sumó una fuerte derivación judicial tras la denuncia penal presentada en la Justicia Federal contra el fiscal provincial Sebastián Gómez por cuatro presuntos delitos ligados al ejercicio de sus funciones.
El planteo para optar por la vía remota contó con la firma de los abogados defensores de Andino —Guillermo Sergio Toranzo, Federico González Viola y Federico Esteybar—, quienes alegaron compromisos laborales vinculados a la labor legislativa del parlamentario.
Ante la negativa inicial, la representación legal articuló un recurso de revocatoria, un planteo de nulidad y una apelación subsidiaria. Sin embargo, la magistrada declaró inadmisible la apelación bajo el argumento de que la modalidad del acto procesal pertenece a la dirección del proceso y no constituye una medida de coerción susceptible de esa vía de impugnación.
Lucero remarcó que la presencialidad representa la norma ordinaria en el fuero penal y aclaró que la justificación de la incomparecencia anterior no obliga a conceder la participación virtual en la nueva citación.
La primera audiencia tuvo lugar el 14 de octubre en un recinto que completó su capacidad máxima debido al elevado número de partes involucradas. Aquella jornada motivó a la jueza Lucero a disponer restricciones de circulación en las inmediaciones del edificio por razones de seguridad, ante la presencia de numerosos exfuncionarios de la gestión previa, lo que llevó a diversos abogados a solicitar un espacio de mayor amplitud para los siguientes encuentros.
La causa penal tuvo su origen en diciembre a partir de una presentación del abogado Marcelo Arancibia fundada en notas periodísticas sobre supuestas anomalías en la megaobra. La investigación está en manos de la UFI Delitos Especiales, a cargo de los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez, quienes obtuvieron una prórroga para la etapa preliminar.
Además, a comienzos de septiembre la fiscalía ejecutó allanamientos en la firma Krah —proveedora de caños de la obra— donde incautó computadoras y documentación para someterlas a peritajes que determinaran sobreprecios y la calidad del material.
De manera simultánea, el Acueducto generó un frente en la Capital Federal. Sergio Fabián Ruiz, expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) e investigado en la causa local, radicó una denuncia contra el fiscal Sebastián Gómez en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1.
Con el patrocinio del letrado Nasser Uzair, la presentación le atribuye cuatro figuras penales: resistencia o desobediencia a funcionario público, abuso de autoridad (artículo 248 del Código Penal), violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. Un oficio de octubre, suscrito por un prosecretario letrado de la fiscalía federal, ordenó la notificación personal de Gómez en carácter de denunciado.
El detonante de la denuncia federal radicó en la respuesta que Gómez remitió al juez federal Daniel Rafecas, quien requirió informes sobre las actuaciones a raíz de un pedido de la defensa de Ruiz para trasladar el expediente al fuero federal bajo el argumento de que existían fondos de la Nación en el financiamiento.
El fiscal sanjuanino rehusó profundizar en los detalles porque la investigación penal preparatoria aún no alcanza la etapa de formalización, aunque facilitó una síntesis centrada en las presuntas maniobras con la compra de tuberías para proteger las garantías de los imputados.
Esta contestación derivó en la acción penal en Comodoro Py, un movimiento que el denunciante original Marcelo Arancibia tildó de «chicana», al sostener que la contratación se gestionó en la órbita provincial y que los reclamos deben seguir los canales institucionales.
Frente a las novedades en la Justicia Federal, la Fiscalía General de la Corte de San Juan emitió un comunicado de respaldo institucional firmado por su titular, Guillermo Baigorrí, a favor de los fiscales Gómez y Pizarro. En el documento, el organismo defendió la labor de los integrantes del Ministerio Público Fiscal bajo la premisa de «hacer el deber ser», con mención explícita al combate contra la corrupción.
Baigorrí atribuyó a ambos funcionarios una conducta regida por la honradez, la objetividad, el rigor técnico, la independencia y la lealtad procesal en la conducción del caso, cuyo curso en la provincia prevé el reinicio de las audiencias el 10 de noviembre.
El comunicado de Baigorrí
MINISTERIO PUBLICO DE SAN JUAN
FISCALÍA GENERAL DE LA CORTE
COMUNICADO DE PRENSA
Ante algunas versiones periodísticas que dan cuenta de una supuesta denuncia penal, radicada ante los tribunales de Comodoro Py, en contra de los Sres. Fiscales Sebastián A. Gómez y Francisco J. Pizarro, con vinculación a la investigación criminal de la obra “Acueducto Gran Tulum”, la Fiscalía General de la Corte, como autoridad máxima de la institución, al respecto expresa:
En general, poner énfasis en la total defensa y apoyo del organismo fiscal de la Provincia, como así también la salvaguarda de la noble y valiosa función de todos sus miembros (fiscales, ayudantes fiscales, funcionarios y personal administrativo) que se desempeñan en el Ministerio Público, sea cual fuere la causa, máxime aún en investigaciones por posibles hechos de corrupción.
En particular, destacar la honradez, profesionalidad, dedicación, valentía, compromiso con la verdad y buena fe de los fiscales Sebastián A. Gómez y Francisco J. Pizarro, como asimismo todo el equipo que los secunda. Ellos han demostrado siempre en su actuar objetividad, rigor técnico, legalidad, lealtad procesal, independencia y plena autonomía. En pocas palabras, un noble ejercicio de su propio deber, que debe ponerse de resalto y validar.
Simplemente, ante esto, corresponde hacer saber que el Ministerio Público Fiscal, orgullosamente, seguirá aplicando en los hechos su lema de “hacer el deber ser”.
San Juan, 28 de octubre de 2.026.
Dr. Guillermo Francisco Baigorrí
PELADO STREAM
Sin comentarios