05 Nov 07:37h
La Cámara Federal de Casación Penal abrió la puerta a la revisión sobre la exclusión de dos inversores como querellantes en la causa por la criptomoneda $LIBRA. La resolución de la Sala II de ese tribunal otorga la posibilidad de discutir el sobreseimiento dictado a favor del presidente Javier Milei, de su hermana Karina Milei y de otros nueve imputados en la investigación.
La resolución judicial se adoptó en el expediente caratulado “Milei, Javier Gerardo y otros s/recurso de queja”. Por mayoría de votos, la Sala II resolvió la concesión del recurso planteado contra el fallo previo de la Sala I de la Cámara Federal porteña.
Los jueces Alejandro W. Slokar y Angela E. Ledesma conformaron la mayoría resolutiva. En su voto, Slokar concluyó que los reclamos se encuadran en las causales previstas en el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación. Por su parte, la jueza Ledesma sostuvo la presencia de una cuestión federal suficiente para habilitar la instancia. En disidencia, el juez Guillermo J. Yacobucci se pronunció por la inadmisibilidad de la queja con imposición de costas a la parte recurrente.
Los dos inversores que impulsaron el recurso son Vladislav Andreevich Lapchenko y Sviatlana Vitalievna Krasutskaya, ciudadanos de origen bielorruso a quienes la Justicia les había denegado el rol de querellantes. Con este fallo, el tribunal dispondrá la recaratulación del legajo, el emplazamiento a las partes para la presentación de argumentos y el pedido del expediente digital a la cámara de origen.
En esta nueva etapa, Casación evaluará si la exclusión de los damnificados resultó ajustada a derecho. En caso de revocarse esa separación, los afectados recuperarán la legitimación para apelar la absolución de los investigados.
Todos sobreseídos, por ahora
El sobreseimiento de los sospechosos fue firmado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del Juzgado Federal N° 8, tras aceptar la solicitud formulada por el fiscal Eduardo Taiano. El magistrado determinó la inexistencia de delito en los hechos denunciados. Además, puntualizó que el mensaje emitido por Javier Milei en la red X el 14 de febrero de 2025 —donde difundió la dirección del contrato de la criptomoneda— respondió a una acción personal, sin carácter institucional ni utilización de fondos públicos.
La resolución del 23 de octubre benefició a un total de 11 imputados. Entre las personas sobreseídas figuran:
- Javier Milei (presidente de la Nación).
- Karina Milei (secretaria general de la Presidencia).
- Mauricio Novelli (trader señalado como quien acercó el negocio).
- La madre y la hermana de Novelli.
- Hayden Davis (empresario estadounidense).
- Julian Peh (desarrollador singapurense).
- Manuel Terrones Godoy.
- Sergio Morales (exasesor de la Comisión Nacional de Valores).
- Favio Camilo Rodríguez Blanco.
- Orlando Mellino.
El origen del caso $Libra
El expediente judicial reconstruye los acontecimientos iniciados el 14 de febrero de 2025 a las 19:01 horas con la difusión del token. Luego de la publicación del mandatario, la cotización de $LIBRA experimentó una subida veloz desde US$ 0,01 hasta rozar los US$ 5, para sufrir minutos después un colapso total de su valor.
Según constancias del caso, un grupo reducido de billeteras virtuales retiró fondos por un monto estimado de 100 millones de dólares. La maniobra dejó perjudicados a más de 40.000 compradores que registraron pérdidas financieras.
El historial procesal del apartamiento de las víctimas
El camino hacia el cierre de la causa incluyó el paulatino apartamiento de los querellantes. El 3 de julio, el juez Martínez de Giorgi acogió un pedido de la defensa de Novelli y dejó fuera del proceso al grupo de damnificados encabezado por Martín Romeo y a la querella patrocinada por el equipo jurídico del diputado Juan Grabois. En diciembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia había desestimado un intento previo para expulsar a los abogados de Grabois.
El 4 de septiembre, la Sala I de la Cámara Federal —con la firma de los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola— ratificó la exclusión de las víctimas. Los camaristas alegaron que la hipótesis de una maniobra organizada se encontraba diluida por tratarse de una actividad volátil e irregulada, sin la identificación de un engaño concreto. A fines de ese mismo mes, la mencionada sala declaró inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por Romeo y otros tres inversores para acudir a Casación.
En la actualidad, la discusión penal se sostiene también mediante la apelación presentada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), bajo la conducción del fiscal Sergio Rodríguez. Con la adhesión de las organizaciones CIPCE e INECIP en carácter de amigos del tribunal, la PIA tomó el impulso de la acción penal que el fiscal Taiano había descartado.
En su presentación, la PIA remarcó la falta de medidas de prueba clave, tales como la trazabilidad completa de los fondos, el análisis de comunicaciones de los implicados y el estudio de los pactos comerciales. Además, solicitó evaluar la conducta presidencial bajo la figura de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y denunció la inobservancia de la Ley de Víctimas y del Código Procesal Penal Federal por la falta de escucha a los afectados previa al dictado de los sobreseimientos.
Este planteo se encuentra pendiente de resolución ante el juez Daniel Rafecas, quien subroga el Juzgado N° 8 debido a la licencia de Martínez de Giorgi. De este modo, la reapertura definitiva de la causa dependerá de las decisiones de Casación sobre las querellas y del trámite sobre la apelación de la fiscalía especializada.
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