05 May 07:57h
El contratista Matías Tabar, socio del grupo Alta Arquitectura, declaró bajo juramento ante la Justicia que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pagó 245.929 dólares en efectivo y sin facturación por la remodelación integral de su casa en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz. La declaración se dio en el marco de la causa que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.
Según el testimonio del contratista, la obra se extendió entre octubre de 2024 y julio de 2025. Los pagos se realizaron personalmente y «en negro», comenzando con adelantos de 35.000 y 20.000 dólares a fines de 2024, seguidos de cuotas mensuales durante 2025 que incluyeron un desembolso de 100.000 dólares en el mes de mayo. Tabar entregó a la fiscalía un listado detallado de los trabajos, fotos, videos y su propio teléfono celular para que sea peritado, tras admitir que había borrado mensajes previos con el funcionario.
Entre los detalles más costosos de la remodelación se destaca la pileta, que fue renovada con revestimiento de piedra en su interior y mármol travertino en el exterior, incorporando cabezales para jacuzzi y una cascada que tuvo un costo adicional de 3.500 dólares. La obra también incluyó el cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini, una reforma completa de la parrilla, y trabajos de carpintería a medida como islas de cocina, racks de TV y muebles de living.
El contratista reveló además que, antes de su declaración, Adorni lo contactó para ofrecerle «ayuda» a través de su equipo, propuesta que el testigo rechazó tras asesorarse legalmente. Esta nueva evidencia complica la situación patrimonial del jefe de Gabinete, cuyos gastos en propiedades y alquileres ya superan los 360.000 dólares, sumado a deudas declaradas por otros 335.000 dólares que debe cancelar antes de noviembre de este año.
Por su parte, Manuel Adorni ha evitado dar detalles específicos sobre la evolución de sus bienes en conferencias de prensa recientes, limitándose a afirmar que «no cometió ningún delito» y que brindará las explicaciones pertinentes ante el ámbito judicial. La investigación continúa con el análisis técnico de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) para determinar si los ingresos del funcionario pueden justificar su actual nivel de vida.
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