02 Jun 10:55h
Aunque el año que viene habrá elecciones y todo puede pasar, el gobernador Marcelo Orrego acaba de sellar un cambio de época con el proyecto de ley que envió a la Cámara de Diputados para fondear la obra pública de San Juan sin depender de Nación.
Con la llegada de Javier Milei al poder se consumó un giro histórico e inédito: el corte abrupto de prácticamente todos los planes de obra pública federal. De este modo la provincia no solo se quedó sin auxilio para, por ejemplo, construir viviendas sociales, sino que también tuvo que hacerse cargo de rutas nacionales.
Lo sucedido en materia de infraestructura también se replicó en otras áreas de la administración, como el incentivo docente y el subsidio al transporte de pasajeros. La ecuación para la provincia se volvió muy frágil, con recursos a la baja y gastos para arriba.
Orrego acompañó con sus legisladores nacionales los trazos gruesos de la política nacional, entendiendo que Milei vino a poner equilibrio fiscal en un país acostumbrado a vivir en rojo.
Valga la reiteración: Orrego y Milei comparten la militancia antiK. Sin embargo el gobernador y el presidente son intérpretes de dos modelos distintos. Esta ley enviada a la Cámara de Diputados es la prueba material más contundente de esa diferencia.
¿Por qué? Porque Orrego acaba de poner por escrito, en una ley para los tiempos, el rol estratégico que cumple el Estado no solo en materia de infraestructura sino también como motor de la economía, como generador de empleo.
Esa mirada tiene una veta de neokeynesianismo que el modelo anarcocapitalista de Milei desprecia abiertamente.
La referencia inicial a las elecciones del año que viene es necesaria porque el rumbo del país estará cantado si Milei gana un segundo mandato, como estará cantado si vuelve el peronismo con cualquiera de sus exponentes. Con Axel Kicillof, por ejemplo.
En la primera hipótesis, la continuidad libertaria, el achicamiento del Estado se agravará. Es una consigna declarada desde el día uno de la gestión nacional. En la segunda hipótesis, las provincias recibirían un alivio porque el modelo peronista siempre cuenta con un Estado intervencionista y promotor de la actividad con diversos estímulos.
El ejemplo más cercano se remonta a la convivencia entre Alberto Fernández y Sergio Uñac. Incluso en un momento crítico para la economía argentina, los recursos federales llegaron abundantemente, a punto tal que el contraste con la era libertaria fue brutal.
Según Orrego y su ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, San Juan perdió alrededor de la mitad de los recursos que recibía de Nación por partidas discrecionales. Entonces, a lo hecho, pecho.
El proyecto de ley que impulsa el gobernador cuenta con una fuente de ingresos derivada del modelo libertario: la megaminería del cobre, favorecida por el RIGI y la reforma de la Ley de Glaciares. Quedó demostrado en la última Expo San Juan Minera la alta expectativa y la proyección de crecimiento económico para el próximo quinquenio.
El plan orreguista consiste en pararse encima de esas expectativas para salir a buscar recursos para fondear la obra pública, a cuenta de los ingresos por Josemaría, Filo del Sol, Los Azules, Altar y los muchos otros que están en la fila.
Ahora bien, para salir a fondearse es necesario que acompañen también las variables macro de Argentina. Es ahí donde Orrego pondera la baja del riesgo país, asociada al equilibrio fiscal y, paradójicamente, al achicamiento del Estado que promueve Milei y que aplauden los mercados, con el FMI como principal promotor de la receta de ajuste.
Orrego acaba de sellar un cambio de época, pase lo que pase en el 2027. Sin un Estado nacional benefactor, la provincia tendrá que buscar otros modos de desarrollar su infraestructura.
El proyecto tendrá un debate áspero en la Legislatura y es natural que así suceda, porque contrapone dos modelos de país. Orrego se adaptó a la realidad que le tocó. Por un lado, la motosierra. Por el otro, el cobre casi en línea de producción.
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