30 Jun 07:15h
La Justicia Federal dictó la prohibición de salida del país para el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, su exesposa Jesica Cirio y la modelo Sofía Clérici en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. De manera casi simultánea, la querella en la causa que investiga al exjefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, solicitó su prisión preventiva inmediata o, en su defecto, que se le aplique la misma restricción fronteriza ante el inminente riesgo de fuga tras haber oficializado su renuncia al Gobierno.
El juez federal Luis Armella aplicó sobre Insaurralde medidas de coerción amparadas en el nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF), que incluyen la prohibición de alejarse a más de 50 kilómetros de su domicilio sin autorización previa. Aunque el magistrado rechazó el pedido de detención formulado por el fiscal Sergio Mola, la investigación se revitalizó tras la difusión de videos que muestran fajos de dólares termosellados en un vestidor de la casa que compartía el exfuncionario con Cirio. Estas restricciones alcanzan también a los hijos de Insaurralde y a varios de sus allegados.
En paralelo, la situación de Manuel Adorni se agravó drásticamente tras su salida de la Jefatura de Gabinete. El abogado Gregorio Dalbón presentó un escrito ante el fiscal Gerardo Pollicita argumentando que Adorni cuenta con la capacidad económica —incluyendo 500.000 dólares no declarados— y el acceso a vuelos privados necesarios para eludir la acción de la justicia. Además, se denunció un «riesgo concreto de entorpecimiento» luego de que el contratista Matías Tabar declarara haber sido contactado por Adorni para recibir «apoyo» de su equipo legal antes de prestar testimonio sobre las reformas en su vivienda del country.
La causa contra el exvocero libertario sumó pruebas determinantes en las últimas horas: el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni, su esposa Bettina Angeletti y su empresa, AS Innovación Profesional. Asimismo, una funcionaria de la Casa Rosada confirmó ante la Justicia haber prestado su tarjeta de crédito para que Adorni realizara compras de equipamiento tecnológico de lujo por más de 5,8 millones de pesos.
Ante el desmoronamiento de su figura, el presidente Javier Milei designó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete. No obstante, circulan fuertes versiones diplomáticas que indican que el Gobierno planea «refugiar» a Adorni en un consulado en España para otorgarle un escudo protector mediante el uso de decretos, evitando así el escrutinio del Senado y el avance de las investigaciones en Comodoro Py.
Estas medidas judiciales se inscriben en un contexto de cambio de paradigma procesal, donde el artículo 210 del CPPF establece un catálogo de medidas de coerción en el que la privación de la libertad es el último recurso, priorizando restricciones como la retención de documentos de viaje o la vigilancia electrónica para asegurar que los imputados se sometan al proceso.
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