03 Jun 20:19h
En una tensa Audiencia Pública celebrada este 03 de junio de 2026, los proyectos mineros Vicuña (Josemaría) y Los Azules protagonizaron un fuerte cruce de posturas por la prioridad de acceso a la capacidad de transporte eléctrico en la línea de 500 kV Nueva San Juan–Rodeo.
Mientras Vicuña defendió su derecho a utilizar la infraestructura que financia, Los Azules impugnó la solicitud alegando que otorgar exclusividad sobre un corredor estratégico por 25 años constituye una «transferencia de un activo público a un privado» que bloquea el desarrollo de otros emprendimientos en la provincia.
La empresa Andes Corporación Minera (Los Azules) presentó una oposición fundada contra la Resolución 79/2026, argumentando que su proyecto no es conceptual, ya que cuenta con estudios ante TRANSENER y un cronograma de inversión aprobado por el Estado.
Miguel Gil, gerente de Ingeniería de la firma, denunció que la prioridad solicitada por Vicuña se basa en hipótesis «simplificadas» y no auditadas de CAMMESA. Ante este escenario, Los Azules solicitó la revocación de los beneficios de exclusividad y propuso, en su lugar, un «esquema técnico, proporcional y multiusuario» donde la capacidad se asigne por demanda real y se libere lo que no se utilice para garantizar la competencia.
Por su parte, Vicuña Argentina S.A. sostuvo que el Proyecto de Interconexión Eléctrica de Alta Tensión (PIEAT) es una obra esencial para conectar su yacimiento —que demandará entre 260 MW y 700 MW— con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
La compañía subrayó que la expansión es financiada íntegramente por capitales privados, sin aportes estatales ni costos para los usuarios comunes. Según su postura, la prioridad de acceso solicitada recae exclusivamente sobre la capacidad adicional generada por sus propias inversiones y no sobre la infraestructura ya existente, asegurando que las obras finalmente fortalecerán la red provincial en el departamento Iglesia y el norte de San Juan.
Como marco de contexto, el E.P.R.E. San Juan condicionó su conformidad técnica para este proyecto al cumplimiento del principio de «acceso abierto».
El regulador provincial exige que cualquier capacidad excedente de la red de Vicuña quede disponible para el resto de la actividad minera para evitar el bloqueo del corredor.
Además, el organismo advirtió que la minera debe suscribir acuerdos para internalizar los costos de mitigación y desarrollo de infraestructura provincial, bajo la premisa de que el impacto de la nueva demanda no debe ser pagado por los hogares y comercios sanjuaninos.
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