13 May 08:03h
El Gobierno Nacional, a través de la Decisión Administrativa 20/2026, oficializó un nuevo recorte del 2,6% en los recursos destinados al Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. Este ajuste presupuestario, que asciende a una cifra superior a los $48.900 millones, pone en riesgo el funcionamiento básico de los cuarteles, incluyendo el pago de servicios esenciales como luz, gas y agua, así como la provisión de alimento para los soldados.
La medida generó un profundo malestar y preocupación dentro de la institución militar, ya que contradice el discurso oficial de revalorización de las fuerzas terrestres, aéreas y navales.
Según fuentes del Ejército citadas por Clarín, la situación es crítica para los efectivos con salarios bajos, quienes dependen de las comidas en los cuarteles para subsistir. Operativamente, el ajuste impacta directamente en la capacidad de defensa y deja a la Argentina en una posición relegada frente a países vecinos como Brasil y Chile.
El desglose de los recortes por fuerza revela que la Fuerza Aérea es la más afectada con una quita de $16.500 millones, seguida por el Ejército con más de $12.622 millones y la Armada con $11.820 millones. Por su parte, el Estado Mayor Conjunto perderá cerca de $1.962 millones, mientras que el sector civil del Ministerio y el IAF también sufrirán reducciones significativas.
En cuanto al equipamiento, el ajuste provocó la suspensión del crédito externo destinado a proyectos clave, como la compra de cuatro helicópteros navales livianos para la Armada. Asimismo, el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) perderá $3.300 millones destinados a inversión de capital.
Respecto a la adquisición de los aviones F-16, fuentes oficiales indicaron que, por el momento, la prioridad presupuestaria se mantiene para este programa debido al apoyo estratégico de Estados Unidos, aunque el futuro es incierto.
Finalmente, la crisis se extiende al sistema de salud militar. A pesar de una ampliación de $4.000 millones para Sanidad Naval, la obra social OSFA enfrenta una deuda de casi $300.000 millones, lo que ha dejado a unos 600.000 afiliados con graves dificultades de atención médica y ha provocado cambios recientes en su conducción jerárquica.
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