13 May 07:47h
La cuarta Marcha Federal Universitaria se convirtió en una de las movilizaciones más masivas de los últimos años, con una asistencia estimada de un millón y medio de personas en todo el país, según los cálculos de los organizadores. Bajo la consigna de exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la comunidad educativa denunció un estado de crisis crítica tras 203 días de incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo.
El reclamo, que tuvo su epicentro en la Plaza de Mayo, se replicó con fuerza en las provincias, donde miles de ciudadanos salieron a defender la educación pública frente a un ajuste que ha reducido las transferencias a las universidades en un 45,6% real entre 2023 y 2026.
En la provincia de San Juan, la movilización demostró una convocatoria multitudinaria que alteró el ritmo del microcentro. La columna partió a las 16 horas desde la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, recorriendo arterias principales como la avenida Ignacio de la Roza y la calle Mendoza, para culminar en un acto frente al Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).
Con banderas que rezaban “Sr. Presidente, cumpla la ley”, estudiantes, docentes y autoridades locales manifestaron su preocupación por el desfinanciamiento que afecta no solo el pago de salarios, sino también el mantenimiento mínimo de las instituciones y el desarrollo del sistema científico regional.
Durante el acto central en la capital sanjuanina, Gonzalo Leyes, presidente de la Federación Universitaria local, tomó la palabra para instar a la construcción de una alternativa basada en la solidaridad y la esperanza, destacando que el pueblo sanjuanino es «un pueblo que lucha con corazón».
La preocupación en la provincia es compartida por el resto del país: los salarios universitarios han caído a su nivel más bajo en los últimos 23 años, con una pérdida del poder adquisitivo superior al 37%, lo que equivale a la pérdida de casi 11 sueldos desde el inicio de la actual gestión nacional.
La reacción del Gobierno Nacional ante la magnitud de la protesta osciló entre el ninguneo de las cifras y el contraataque retórico. Mientras la Universidad de Buenos Aires hablaba de un millón y medio de asistentes, la Policía Federal registró apenas 135.000 personas en los alrededores de la Plaza de Mayo.
Desde la Casa Rosada, los funcionarios evitaron inicialmente mencionar el tema en sus reuniones políticas, aunque posteriormente calificaron la marcha como un evento puramente «político» y partidario. El oficialismo difundió piezas comunicacionales señalando a dirigentes opositores como los verdaderos promotores del reclamo, intentando deslegitimar el carácter autoconvocado de gran parte de la concurrencia.
En paralelo, figuras clave como el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y la ministra Sandra Pettovello utilizaron las redes sociales para cuestionar la transparencia de las casas de estudio.
Álvarez atacó directamente a las instituciones mencionando el supuesto costo excesivo por egresado y la presencia de estudiantes extranjeros, argumentos que fueron rápidamente cruzados con datos oficiales que sitúan a la universidad argentina como un sistema eficiente y con un porcentaje de extranjeros de apenas el 4,1% a nivel nacional.
A pesar de la caída en el humor social registrada en encuestas recientes, el Gobierno se mantiene intransigente en su postura presupuestaria, confiando en que una futura recuperación económica sea suficiente para revertir el impacto negativo de estas movilizaciones masivas.
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