18 Jun 07:04h
La situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, alcanzó un punto de no retorno este miércoles tras la orden del fiscal Gerardo Pollicita de ejecutar una agresiva batería de medidas judiciales para desarticular su justificación patrimonial basada en Bitcoin.
Mientras la Justicia rastrea gastos millonarios ocultos en ropa de cama y movimientos en el country Indio Cuá, el arco político aliado (PRO y UCR) rompió el silencio para exigir su salida inmediata, advirtiendo que el costo político para el presidente Javier Milei ya es «infinito» e «irreparable».
En el plano judicial, el fiscal Pollicita puso bajo la lupa la «coartada cripto» de Adorni al solicitar a la Comisión Nacional de Valores (CNV) un registro histórico de todas las plataformas que operaban en el país desde 2012.
La sospecha se centra en la veracidad de la inversión de 200.000 dólares que el funcionario dice haber realizado para obtener una ganancia de 300.000 dólares; una cifra que, según expertos, solo habría sido alcanzada por el 0,48% de los inversores a nivel mundial en aquella época.
Además, un peritaje al celular del contratista Matías Tabar reveló una compra sospechosa de blanquería por más de 8 millones de pesos, presuntamente vinculada al funcionario.
La presión política ha dejado a Adorni sin red de contención:
- Sentencia del PRO: El secretario general del partido, Fernando De Andreis, fue tajante al afirmar que Adorni «ya no debería pasar más un día en el cargo» y que su continuidad le hace un «daño infinito» al cambio en Argentina.
- Unanimidad en la UCR: El senador Maximiliano Abad aseguró que existe un consenso total en que el jefe de ministros no debe seguir, subrayando que «quien no puede explicar sus ahorros no puede explicar la marcha del país».
- Fuego interno: Incluso dentro del oficialismo se admite el malestar, señalando que la figura de Adorni se ha convertido en un lastre para la agenda legislativa y la confianza de los inversores.
La investigación se ha extendido también al entorno familiar de Adorni. La Justicia ordenó verificar si su madre, Silvia Pais, se mudó recientemente a un exclusivo barrio privado en Berazategui y bajo qué términos financieros.
Asimismo, se pidió certificar la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a su hermano, Francisco Adorni, buscando conexiones en el origen de los bienes familiares y posibles fondos no declarados.
Finalmente, ante la inminente amenaza de una moción de censura inédita en la historia democrática, Adorni cedió a la presión de la vicepresidenta Victoria Villarruel y los bloques opositores, confirmando que se presentará en el Senado el próximo 2 de julio.
Allí deberá responder no solo por la gestión del Gobierno, sino por las inconsistencias de un patrimonio que hoy lo tiene contra las cuerdas de la ley.
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