24 Mar 11:59h
A 50 años del último golpe militar en Argentina, el fiscal federal Francisco Maldonado participó en el programa Pelado Stream para reflexionar sobre su rol en los juicios que marcaron un hito en la provincia. Maldonado, comparable en la historia local con la figura de Julio César Strassera, detalló cómo se desarticuló la estructura represiva en San Juan y defendió la legitimidad de las sentencias que condenaron a los principales responsables del terrorismo de Estado.
LA ESTRUCTURA REPRESIVA Y EL ROL DE LA POLICÍA LOCAL
El fiscal explicó que la represión en San Juan no fue un hecho aislado, sino que formó parte de un control operacional que dependía de las áreas militares de Córdoba y Mendoza. Según la investigación judicial, el Ejército subordinó a la Policía de San Juan y al Servicio Penitenciario para ejecutar el plan sistemático. El Departamento de Investigaciones (D2) de la policía fue una pieza clave al proporcionar fichas de inteligencia sobre la militancia política e ideológica de los ciudadanos.
«Quienes conocían el territorio eran las fuerzas policiales. Fue clave la intervención del D2 de la Policía de San Juan; encontramos las fichas individuales de cada una de las personas perseguidas. El 95% de los casos tenían registros sobre sus actividades políticas», precisó Maldonado.
El modus operandi consistía en privaciones ilegales de la libertad en centros clandestinos como La Marquesita o la propia Legislatura, seguidas de sesiones de tortura para obtener información. En muchos casos, los detenidos eran posteriormente «blanqueados» mediante decretos del Poder Ejecutivo y trasladados al penal de Chimbas, mientras que otros permanecieron desaparecidos.
DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO Y LA IMPRESCRIPTIBILIDAD
Maldonado rechazó las narrativas que intentan equiparar los crímenes del Estado con el accionar de las organizaciones guerrilleras. Explicó que la diferencia sustancial radica en que el terrorismo de Estado emanó de un aparato de poder estatal, lo que convierte a estos delitos en crímenes de lesa humanidad e imprescriptibles según la normativa internacional y el Estatuto de Roma.
«Nadie puede verse beneficiado por una ley de impunidad cuando las órdenes eran ilegítimas. Uno no puede cumplir órdenes ilegítimas sabiendo que son crímenes, tormentos, desapariciones y apropiación de niños», sentenció el fiscal respecto a la teoría de la obediencia debida.
Asimismo, respondió a los señalamientos sobre un presunto sesgo ideológico en su actuación. Afirmó que su trabajo se basó en evidencias, testimonios desgarradores de sobrevivientes y documentación oficial que los imputados no pudieron rebatir en los tribunales.
«Nosotros nos defendemos con la actuación judicial e imputando con evidencia. Esto no es una cuestión ideológica, es una política judicial del Estado: no pueden quedar impunes estos hechos gravísimos», sostuvo.
CASOS EMBLEMÁTICOS Y LA BÚSQUEDA QUE NO CESA
Durante la entrevista, se recordaron los nombres de represores condenados como Jorge Olivera, Osvaldo De Marchi y Eduardo Vic, integrantes del grupo de tareas del RIM 22. Maldonado recordó la «bizarra» captura de Olivera, quien tras fugarse del Hospital Militar fue hallado en el baúl del auto de su esposa. También mencionó la importancia de la Megacausa 3, donde se condenó la omisión judicial de exfuncionarios como el fiscal Juan Carlos Yannello , quienes «miraron para otro lado» ante las denuncias de torturas.
El fiscal informó que en San Juan se contabilizaron aproximadamente 170 víctimas de privaciones de la libertad y tormentos, 9 fallecidos y 22 desaparecidos. Aseguró que los legajos de búsqueda de restos humanos permanecen abiertos, con hipótesis en cementerios locales y zonas como el campo de tiro de Zonda, pese al «pacto de silencio» de los condenados.
«El número termina siendo una nebulosa por la imposibilidad de cuantificar ante el pacto de silencio de no decir cuál fue el destino de los restos. Pero la gravedad es la misma, sea 8.000 o más de 30.000», concluyó.
PELADO STREAM
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