08 Oct 08:50h
Puede parecer obvio, pero a esta altura hay que decirlo: el paro de la UTA es un paro político. Plantearlo en estos términos será polémico, por eso viene la aclaración a continuación.
Paro político, porque tiene un impacto directo en el malhumor social por la interrupción en la prestación de un servicio esencial, como es el transporte de pasajeros, y ese malhumor social termina explotando en las manos del gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte.
No es una situación inédita, en absoluto. Hoy le pasa a Marcelo Orrego como antes le pasó a Sergio Uñac y antes a José Luis Gioja.
Pero es también un paro político porque, queriendo o sin querer, la medida de fuerza sindical contribuye con el empresariado concesionario de las líneas de transporte de pasajeros. Le entrega a la ATAP un argumento para presionar al gobierno por un incremento en la tarifa o en el subsidio.
Dicho en otros términos, que la gente ponga más plata o que el gobierno ponga más plata. Y que de esa plata salga el incremento salarial acordado, pero no abonado desde mayo en adelante.
Según el tesorero de la UTA, Antonio Ruiz, la diferencia impaga asciende a unos 800.000 pesos por trabajador. La multiplicación para trasladar eso directamente al bolsillo de los usuarios da miedo.
Habrá tal vez alguna especulación acerca de la nueva solvencia del gobierno provincial a partir de la colocación del bono de deuda por 600 millones de dólares y el acuerdo con Vicuña por 250 millones de dólares. Habrá quien suponga que la provincia tendrá más recursos de coparticipación disponibles, dada la inyección de fondos antes mencionada.
La información está disponible. El resto dependerá de las cuentas que saque cada quien.
La conciliación obligatoria dictada por el subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, no tuvo ningún efecto inmediato ya que el sindicato desoyó la orden y puso al gobierno en situación de aplicar sanciones directas por esa desobediencia o hacer la vista gorda.
Aplicar sanciones implicaría escalar el conflicto. No hacerlo implicaría sentar un precedente delicado.
Tiempo atrás, cuando arrancaba el gobierno de Orrego, un alto funcionario con despacho en Paula y Libertador le dijo este periodista que uno de los inconvenientes con este tipo de protestas es el efecto contagio. A río revuelto, ganancia de pescadores.
Si los choferes de colectivos hacen punta es cuestión de tiempo para que otros sectores directa o indirectamente vinculados con el Estado se suban a esta misma ola de reclamos. A fin de cuentas la necesidad es para todos por igual.
De hecho este miércoles, cuando miles de sanjuaninos y sanjuaninas se veían impedidos de llegar a sus lugares de trabajo por la intempestiva a medida de fuerza de la UTA, empezaron a sucederse los mensajes en redes sociales comparando lo que gana un chofer de colectivos con lo que, por ejemplo, gana un docente. La mecha está encendida.
Y como esto no es ninguna novedad y el paro de la UTA es funcional a los intereses de las empresas de transporte de pasajeros, se plantea una encrucijada para el gobierno.
Desactivar rápidamente el conflicto tendrá un costo económico para el Estado o para el usuario. Y si paga la gente, eso se traduce en malestar.
Intentar resolverlo por la fuerza, bajo la advertencia de aplicar sanciones al sindicato y a las empresas, implicaría extender en el tiempo un problema mayúsculo que ni este ni ningún otro gobierno quisiera tener.
La cuestión entonces se reduciría a cuantificar cuál es el mal menor y proceder en esa dirección. Será una decisión política.
Entonces sí, hay elementos más que suficientes para sostener, como se dijo en el arranque de esta columna de opinión, que este es un paro político.
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