19 Ago 13:27h
La secretaria gremial de ADICUS, Edith Liquitay, advirtió este miércoles en Pelado Stream que el sistema atraviesa una crisis presupuestaria «crítica». Por otro lado, sostuvo que la movilización popular y el respaldo de la justicia forzarán al Gobierno Nacional a cumplir con el financiamiento del sector.
En la actualidad transcurre una semana de paro total en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de los fallos judiciales que el Poder Ejecutivo ignora. Liquitay destacó que ya pasaron 300 días sin que se respete la norma y fue tajante al señalar la responsabilidad oficial: «quien está en falta y quien incumple la ley es el gobierno nacional».
Respecto a las medidas recientes, la secretaria aclaró que el Gobierno solo ejecutó una actualización del 21,3% para salarios, pero omitió los fondos para hospitales escuela y gastos de funcionamiento. «Los presupuestos del sistema de universidades públicas están en una situación realmente crítica», advirtió la docente, quien añadió que el sector todavía arrastra una pérdida salarial cercana al 30%.
La entrevista abordó las descalificaciones del presidente Javier Milei hacia el personal universitario. Liquitay calificó estos términos como «peyorativos» y aseguró que las acusaciones sobre falta de transparencia son «demonios que intenta hacer crecer el gobierno y no funciona», dado que los datos de las instituciones son públicos.
No obstante, la secretaria reconoció un trasfondo ideológico en la disputa. Sentenció que la formación de profesionales con pensamiento crítico «desestabiliza este plan de gobierno» porque no responde a los intereses de las mayorías. Para la dirigente, el modelo actual intenta «destruir al Estado» y las universidades nacionales representan un obstáculo directo para ese fin.
Sobre el intento de declarar la educación como servicio esencial para limitar las protestas, la gremialista se mostró firme. «La educación no es un servicio, es un derecho», manifestó. Liquitay argumentó que la imposición de una prestación mínima del 75% es «impracticable» y colisiona con el derecho constitucional a la huelga, el cual los sindicatos no pueden restringir a sus afiliados.
En relación a la comunidad educativa, la secretaria mencionó el trabajo conjunto con los padres de los colegios preuniversitarios en defensa de la ley. Asimismo, expresó su pesar por la «enorme decepción» que sufren los jóvenes que ven estancadas sus becas y sus posibilidades de progreso bajo el esquema económico actual.
Por último, Liquitay alertó sobre el deterioro del sistema científico. Lamentó que profesionales con dos décadas de formación hoy buscan empleo en áreas ajenas a su especialidad debido a la crisis en el CONICET y las casas de estudio. «No es normal. Tenemos que volver, tenemos que retomar lo que es importante», concluyó la dirigente al cierre del programa.
PELADO STREAM
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