18 Dic 08:25h
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, desató una fuerte polémica al comparar a la Asociación de Viñateros de Mendoza con la conducción de la AFA liderada por Claudio «Chiqui» Tapia. El funcionario nacional cuestionó la decisión de la entidad vitivinícola de recurrir a la justicia para frenar la desregulación del Certificado de Ingreso de Uva (CIU), el cual pasó de ser obligatorio a opcional por disposición del Ejecutivo.
Sturzenegger sostuvo que la presentación judicial ante el Juzgado Federal N°2 de Mendoza replica la estrategia de la AFA contra las Sociedades Anónimas Deportivas, al intentar prohibir la libertad de elección y mantener cargas burocráticas que, según su visión, favorecen a intereses concentrados.
La respuesta de la provincia no tardó en llegar. El ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, calificó los dichos de Sturzenegger como una falta de respeto a la institucionalidad mendocina y a sus productores. El funcionario provincial recordó que Mendoza apoyó la eliminación de más de 900 normas que obstaculizaban el mercado, pero enfatizó que la continuidad del CIU obligatorio fue el único pedido puntual que la provincia solicitó mantener para garantizar la transparencia en las transacciones.
Vargas Arizu lamentó la agresión del ministro nacional y advirtió que la judicialización del conflicto se pudo haber evitado con un mínimo de empatía hacia un sector que fue clave para el triunfo electoral del oficialismo en la provincia.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Viñateros de Mendoza, Eduardo Córdova, se sumó a las críticas y tildó a Sturzenegger de ser un «funcionario de escritorio» que desconoce la realidad del campo. Córdova defendió la importancia del CIU como un «título de propiedad» que acredita los kilos, la variedad y la calidad de la uva entregada por los productores a las bodegas.
El dirigente gremial subrayó que la cadena vitivinícola genera 100.000 puestos de trabajo y consideró que la comparación con la dirigencia del fútbol fue absolutamente inapropiada y desconsiderada para quienes trabajan a diario en la viña.
El conflicto escaló luego de que Sturzenegger argumentara públicamente que el 45% de los productores no utilizaba el certificado a pesar de la obligación legal, motivo por el cual el Gobierno decidió quitarle la obligatoriedad para reducir costos administrativos.
Sin embargo, desde el sector productivo y el Gobierno de Mendoza insistieron en que esta herramienta es fundamental para proteger al eslabón más débil de la cadena y evitar la informalidad en la industria. La controversia puso de manifiesto una tensión creciente entre la agenda desreguladora de la Casa Rosada y las economías regionales que exigen marcos normativos específicos para su funcionamiento.
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