05 Dic 07:46h
Entidades vitivinícolas de Mendoza y La Rioja presentaron una acción de amparo ante la Justicia para revertir la desregulación en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que hizo optativos ciertos registros y controles clave, incluyendo el Certificado de Ingreso de Uvas (CIU).
La Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (Carpa) fueron las promotoras del recurso legal.
Argumentaron que la obligatoriedad del CIU es fundamental para garantizar la trazabilidad del producto y el título de propiedad del productor. Las entidades lamentaron tener que recurrir a esta instancia, señalando la medida como un “absurdo” y un “capricho” del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
La presentación judicial surge luego de que los reiterados pedidos de las entidades al Ministerio de Desregulación para reincorporar la obligatoriedad del CIU no obtuvieran respuesta, incluso después de un encuentro en Mendoza donde se insistió en la importancia de la herramienta.
Los viñateros explicaron que la desregulación del CIU afecta directamente la seguridad jurídica del productor, ya que este certificado era el instrumento bilateral que le daba certeza de haber entregado la uva y le permitía mantener separados sus vinos en caso de elaboración a terceros, protegiéndolos en situaciones de concurso o quiebra de la bodega elaboradora. Dejar el registro voluntario implicaría la pérdida de control sobre la cantidad de uva cosechada y la trazabilidad.
Las agrupaciones vitivinícolas manifestaron estar de acuerdo con las políticas de desregulación y simplificación de los organismos estatales, y de hecho celebraron la eliminación de 973 normas y fiscalizaciones intermedias por parte del INV. Sin embargo, recalcaron la necesidad de mantener herramientas exitosas como el CIU, que, aseguran, no generan burocracia ni mayor costo.
Los ministros de Producción de Mendoza y San Juan, Rodolfo Vargas Arizu y Gustavo Fernández, plantearon el tema a Sturzenegger en su visita a Cuyo, pero el ministro nacional reafirmó su postura de que el control debe ser opcional, ya que considera que se debe «regular para el productor honesto» y no pensando que no lo son.
El ministro sanjuanino, Gustavo Fernández, había solicitado enfáticamente la continuidad obligatoria del CIU, advirtiendo que su voluntariedad representaba un grave riesgo para la calidad y el orden del sector, y para la protección de los pequeños y medianos productores.
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