07 Oct 07:49h
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025 y le ordenó al Poder Ejecutivo Nacional la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795. La resolución, a cargo del juez federal Martín Cormick, hizo lugar a las acciones de amparo colectivo que presentaron el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En su decisión, el magistrado anuló el tramo del decreto de promulgación que suspendió la ejecución de la ley con fundamento en la Ley de Administración Financiera. El fallo determinó que la traba impuesta por la administración central constituyó un mecanismo extraconstitucional y una figura de veto no contemplada en la Carta Magna, debido a que el Congreso de la Nación ya había ratificado la norma con la mayoría agravada de dos tercios en ambas Cámaras tras un primer rechazo presidencial.
Respecto de la controversia presupuestaria, el juez Cormick rechazó la postura del Gobierno nacional sobre la presunta falta de fondos y precisó que el artículo 9° de la propia Ley 27.795 fijó las pautas de financiamiento a través de la reasignación de partidas y del uso de recursos recaudados por encima de lo estimado.
Asimismo, la sentencia señaló que una ley posterior sancionada por el Poder Legislativo desplaza las autorrestricciones de normas generales anteriores, por lo que concluyó que la medida del Poder Ejecutivo no supera un test mínimo de razonabilidad.
Por último, la orden judicial exige el giro efectivo de los fondos requeridos para la actualización de los salarios del personal docente y nodocente, el fortalecimiento de las becas estudiantiles, el desarrollo de la investigación y la cobertura de los gastos de funcionamiento.
Tras la difusión de la medida, voceros de la UBA y de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUBA) celebraron la firmeza del dictamen judicial en defensa del presupuesto de las casas de altos estudios y de sus hospitales universitarios.
Se descuenta que el gobierno apelará el fallo.
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