20 Nov 08:05h
El Senado de la Nación aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad con 71 votos a favor y ninguno en contra, un acuerdo que permite dejar atrás el régimen de emergencia vigente hasta fin de año. La normativa ratifica los pilares centrales del sistema de cobertura, protege el nivel de ingresos frente a la inflación y consolida las pautas acordadas con la oposición durante su trámite legislativo.
La medida proporciona previsibilidad a los beneficiarios y a las instituciones prestadoras a través de reglas estables para el sector. El texto aprobado contempla el financiamiento del sistema y fija condiciones operativas para la gestión de las prestaciones.
Los puntos clave que regula la ley
- Mantenimiento del haber: Se ratifican las pensiones no contributivas en un monto equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
- Protección contra la inflación: El Poder Ejecutivo debe asegurar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior y mantenga su actualización periódica.
- Nomenclador universal y arancel unificado: Se sostiene el esquema único de prestaciones y aranceles para todo el sistema de salud y asistencia.
- Compatibilidad con el trabajo registrado: Las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) conservan el beneficio formal aunque ingresen al mercado laboral o a regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles.
- Cobertura de salud garantizada: Los titulares de pensiones por invalidez laboral y por discapacidad acceden al Programa Incluir Salud, con las prestaciones básicas fijadas en la Ley 24.901.
- Resguardo presupuestario: La ley detalla partidas específicas del Ministerio de Salud e incluye compensaciones del Tesoro Nacional si los recursos resultaran insuficientes.
- Certificado Único de Discapacidad (CUD): Se consolida como la vía principal para la tramitación y acceso a los beneficios.
- Auditorías y controles: La Secretaría Nacional de Discapacidad ejecutará cruces de datos con ANSeS, ARCA, Renaper y SINTyS. Ante irregularidades, se habilita la suspensión preventiva del beneficio bajo un debido proceso inclusivo.
- Cancelación de deudas: Para los pagos pendientes con prestadores, la norma exige al Poder Ejecutivo publicar un cronograma en 30 días y cancelar la totalidad de la deuda en un plazo máximo de 90 días.
Otras iniciativas aprobadas en la sesión
Durante la misma jornada legislativa, la Cámara alta dio luz verde a otros proyectos de relevancia económica y social:
- Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT): Sancionado con 47 votos a favor y 22 en contra, este acuerdo simplifica la protección internacional de la propiedad intelectual mediante una solicitud única.
- Ley de inviolabilidad de la propiedad privada: Obtuvo aprobación con 42 votos a favor y 26 en contra. La norma reincorpora el límite del 15% a la venta de tierras a extranjeros, un tope del 30% por nacionalidad y un máximo de 1.000 hectáreas en zona núcleo, además de fijar pautas para expropiaciones y desalojos.
- Ley «Joaquín»: Aprobada por unanimidad con 68 votos, fija la obligatoriedad de medidas de seguridad, anclaje y mantenimiento de arcos, aros y juegos en espacios públicos o privados para prevenir accidentes deportivos y recreativos.
- Ley de Cabotaje y transporte de cargas por agua: Logró 42 votos a favor y 24 en contra para ampliar el transporte fluvial de cargas, sumar nuevos operadores y reducir costos logísticos en las economías regionales.
- Protocolos contra la violencia infantil: Se sancionó por unanimidad con 62 votos la exigencia a instituciones deportivas, educativas, religiosas y sociales de implementar protocolos de prevención y detección ante violencia contra niños y adolescentes.
- Pliegos de ascensos y convenios: El cuerpo aprobó el ascenso del jefe de la Casa Militar, General de Brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, la nómina para el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, convenios internacionales marítimos y la transferencia de inmuebles del Estado a las provincias.
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