20 Nov 08:15h
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de dos artículos clave del DNU 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei y resolvió que el Estado nacional debe volver a regular los aumentos en las cuotas de las empresas de medicina prepaga.
El máximo tribunal invalidó los artículos 267 y 269 del decreto 70/2023, mediante los cuales el Poder Ejecutivo había eliminado la intervención estatal previa sobre las tarifas de la medicina privada. En una decisión unánime suscrita por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte dispuso que el Gobierno vuelva a asumir la fiscalización de los valores mes a mes.
Esta resolución constituye la primera sentencia del máximo tribunal que declara la inconstitucionalidad de artículos del DNU 70. Hasta la fecha, los planteos contra el texto de la norma habían sido rechazados por falta de legitimación de los promoventes. Los magistrados precisaron que este pronunciamiento se limita a los dos artículos en cuestión, sin que ello implique opinar sobre otros aspectos del decreto, los cuales se evaluarán en casos futuros.
En sus argumentos, los jueces advirtieron que no basta con invocar una «emergencia genérica» para dictar medidas legislativas por decreto. La Corte señaló que los considerandos de la norma no intentan mostrar una relación directa entre la crisis económica y social y la supresión de las potestades de control. Tampoco surge del texto explicación alguna sobre la necesidad urgente de eliminar la intervención del organismo de aplicación.
Para respaldar el criterio, los magistrados citaron el fallo reciente de la causa “Cencosud”. En dicho precedente, la Corte ratificó que la Constitución Nacional solo admite el ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo en condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a límites formales.
Bobbio contra Swiss Medical
La causa judicial se inició por la presentación de una afiliada, María Del Carmen Bobbio, contra la empresa Swiss Medical. La usuaria acudió a los tribunales tras recibir un incremento del 110 por ciento en el valor de su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Bobbio detalló que si se hubiese aplicado la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud, la suba habría alcanzado solo un 6,26 por ciento.
Ante esa situación, la demandante solicitó la inconstitucionalidad de los artículos que derogaron el artículo 5° inciso g) y modificaron el artículo 17 de la ley 26.682, normas que establecían el marco de regulación estatal.
Aunque el juez de primera instancia rechazó la acción de amparo, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión. La Cámara declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269, ordenó limitar las subas según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y dispuso que el Estado retome la fiscalización de las cuotas.
El tribunal de alzada consideró que el DNU dejaba a los usuarios expuestos a la cartelización del sector y remarcó que un cambio de esa magnitud correspondía al Congreso Nacional. Agregó que el Poder Ejecutivo pudo incluir el proyecto en sesiones extraordinarias y concluyó que no estaba probada la necesidad ni la urgencia. Frente a las apelaciones del Estado Nacional y de Swiss Medical, la Procuradora Fiscal sugirió confirmar el fallo contra el decreto y la restitución del control oficial.
A pesar del alcance institucional de la sentencia, la medida no provocará una alteración drástica e inmediata en los importes que pagan los afiliados. Tras el estallido inicial de aumentos en enero de 2024 —que derivó en una denuncia de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y en un acuerdo judicial para la devolución de montos cobrados en exceso—, las principales empresas acordaron de manera informal ajustar las tarifas según el índice de inflación mensual. Por ende, un esquema de aumentos regulados bajo la pauta del IPC arrojaría montos similares a los aplicados en la práctica.
Consultada sobre los pasos a seguir tras la decisión judicial, la SSS señaló que el fallo atañe al DNU 70 y que las explicaciones corresponden a la Casa Rosada. Al momento de la publicación de esta nota, el Poder Ejecutivo no había emitido declaraciones oficiales.
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