16 Abr 09:12h
Con el acuerdo salarial alcanzado este miércoles por la noche, los sindicatos docentes podrán decir -y con razón- que ganaron la pulseada. Siempre será insuficiente el salario en un contexto de vacas flacas, pero lograron correr bastante la vara de la oferta original que venían discutiendo desde febrero.
Sin embargo, la victoria política fue del gobierno de Marcelo Orrego. Victoria a un alto costo, ciertamente, atento a la fragilidad de las cuentas con gastos al alza y recursos a la baja. Pero victoria al fin. La única derrota era escalar la confrontación en las escuelas y en las calles.
Vale mirar hacia atrás para comprender mejor lo que acaba de suceder. En su último día del maestro como gobernador, parado de espaldas a la Casa Natal de Sarmiento, Sergio Uñac reconoció que se equivocó al relacionarse con los docentes. O, lo que es lo mismo, con los sindicatos.
El movimiento de los autoconvocados, que terminó desbordando la representatividad sindical, cambió las reglas no solo para Uñac sino para todos los que vinieran a continuación.
Para los secretarios generales de UDAP, UDA y AMET, la vocación de acuerdo estará siempre condicionada al humor de las bases. El crédito de los sindicalistas está en la cuerda floja desde hace tiempo. Nunca mejor dicha la frase de Juan Domingo Perón: con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes.
Aquel desborde de autoconvocados que se prolongó durante semanas fue, posiblemente, la peor fractura social que no supo desactivar el uñaquismo hasta que fue demasiado tarde. El conflicto se resolvió con un fuerte aumento del 40 por ciento de una sola vez. La moraleja quedó explícita: si tarde o temprano el asunto se resuelve con plata, mejor desembolsar cuanto antes. Cuanto antes, mejor.
Claro que aquella situación económica no es esta situación económica. A Orrego le toca gestionar una provincia con una caída de recursos del 40 por ciento, solo contando la coparticipación. Perdió toda otra partida discrecional de Nación, a excepción de un modestísimo ATN transferido en marzo. El presidente Javier Milei acaba de ratificar la política de ajuste. Nadie espere un alivio, porque no lo habrá.
Puestas así las cosas, el gobierno de la provincia tenía en la balanza dos costos a pagar: de un lado, el costo económico y financiero; del otro lado, el costo político por un conflicto que ya empezó a escalar y se visibilizó con un paro y movilización el jueves 9 de abril.
La clave fue encontrar el justo equilibrio. Aumentar salarios docentes todo lo que se pueda, a costa de afinar el lápiz y seguramente restringir partidas en otras áreas, con tal de reducir la ventana del desacuerdo y el malestar.
Será una tregua de corto plazo, apenas hasta junio cuando la paritaria docente volverá a sentarse en torno de la mesa de negociación. Pero tregua al fin. En el medio, se espera que en mayo aumente la coparticipación por la liquidación del Impuesto a las Ganancias. Tal vez, solo tal vez, haya pasado lo peor. Nunca se sabe.
Lo que parece haber entendido el gobierno es que el costo económico no es peor que el costo político. Por eso la paritaria tuvo siempre como interlocutor oficial al tridente integrado por el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem.
Los números, por cuenta de Gutiérrez. El código docente, por cuenta de Fuentes. Y el diálogo político, por cuenta de Achem.
Sí, el acuerdo cerrado este miércoles por la noche fue una victoria de los sindicatos. Pero fue, sobre todo, el alivio más esperado por Orrego. Garantizar la armonía en una sociedad donde los docentes siempre fueron el termómetro del humor general.
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