18 Oct 11:57h
El diputado nacional Cristian Andino confirmó su asistencia presencial a la nueva audiencia de formalización de la causa «Acueducto Gran Tulum», fijada por el Ministerio Público de San Juan para el martes 10 de noviembre de 2026. La reprogramación ocurrió tras el fallido acto judicial del pasado miércoles 14 de octubre, convocado por la jueza de Garantías Mónica Lucero, al que solo asistieron 9 de los 11 investigados.
En contraste con la ratificación de Andino, el senador nacional Sergio Uñac aún no confirmó si concurrirá en persona a la cita judicial, luego de que su defensa técnica anticipó que no prestará declaración en esta etapa o bien lo hará por escrito.
En el marco del acto por el Día de la Lealtad en la sede del Partido Justicialista local, el diputado Cristian Andino sostuvo que estará presente en los tribunales si sus labores en el Congreso de la Nación se lo permiten. «Si puedo estar presente voy a estar porque no tengo ningún problema», afirmó el legislador en declaraciones registradas por Canal 13 San Juan TV.
Andino explicó que su inasistencia al trámite del miércoles 14 de octubre respondió a sesiones clave en la Cámara de Diputados sobre la baja del DNU 70 y el endeudamiento familiar, motivo por el cual solicitó realizar la comparecencia a través de la plataforma Zoom.
Pese a que la magistrada Mónica Lucero justificó la ausencia de Andino con la acreditación de pasajes aéreos, rechazó la modalidad virtual en la Sala de Audiencias. Ante la negativa, Andino reafirmó su postura frente a la investigación: «Si hay algo que ha marcado mi vida política es la transparencia en cada uno de los actos administrativos». Asimismo, el representante parlamentario atribuyó la causa a una maniobra extrajudicial y aseveró: «No cabe la menor duda que obviamente en esto hay una intencionalidad política».
Por su parte, la situación del senador Sergio Uñac mantiene incertidumbre procesal, debido a que el parlamentario no confirmó hasta el momento su presencia física para la jornada de noviembre. Durante la audiencia suspendida, su abogado Marcelo Fernández leyó una nota fundada en preceptos constitucionales para fundamentar la incomparecencia y comunicar que el exgobernador no prestará testimonio en esta instancia o que optará por la vía escrita.
La audiencia fallida y la reserva de desafuero
El traspié judicial del miércoles 14 de octubre paralizó la formulación de imputaciones en el expediente de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) «Actuaciones por denuncia e/p Administración Pública». La jueza Mónica Lucero resolvió la suspensión ante la solicitud unificada de los abogados defensores y el aval del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de garantizar la igualdad procesal de todos los citados.
Sin embargo, el fiscal Sebastián Gómez, integrante de la UFI Delitos Especiales, desestimó los motivos laborales presentados por las defensas e indicó que los compromisos del Congreso no constituyen una causa válida de inasistencia a la Justicia. En consecuencia, Gómez dejó asentada la reserva para solicitar el desafuero parlamentario de Uñac y de Andino ante las cámaras legislativas nacionales, a fin de retirar sus inmunidades y forzar su comparecencia obligatoria.
A la fallida sesión concurrieron 9 de los 11 convocados, bajo un estricto operativo de seguridad en el Palacio de Tribunales que incluyó restricciones de tránsito en los pasillos. Entre los exfuncionarios y empresarios presentes estuvieron los expresidentes de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino y el empresario Gustavo Mastelono. Uñac y Andino resultaron los únicos ausentes de la lista.
Nueva citación judicial
Tras la suspensión del acto, el Ministerio Público de San Juan difundió un comunicado oficial para notificar el nuevo cronograma de la causa «Acueducto Gran Tulum». La resolución fijó la cita para el martes 10 de noviembre de 2026, a las 14:30 horas.
El trámite formal se llevará a cabo en la Sala N.º 9, ubicada en el subsuelo del Palacio de Tribunales, sobre la calle Rivadavia 473 Este, en la ciudad de San Juan. La notificación oficial busca reanudar el proceso de la IPP bajo la supervisión de las autoridades judiciales de la provincia.
A Comodoro Py
En forma paralela, la megacausa afronta un pedido de inhibitoria que podría derivar en el traslado del expediente a los tribunales nacionales de Comodoro Py. La presentación estuvo a cargo de la defensa del expresidente de OSSE, Sergio Fabián Ruiz, quien solicitó la intervención del Juzgado Federal N.º 3 de la Capital Federal, cuyo titular es el juez Daniel Rafecas.
El pedido de Ruiz se fundamenta en el origen de los recursos invertidos en la obra hídrica, con un presupuesto cercano a los 200 millones de dólares. De ese monto, casi 100 millones de dólares correspondieron a aportes directos del Estado nacional, mientras que el resto derivó de créditos internacionales con aval de la Nación. La documentación también destaca la fiscalización técnica y la autorización de los desembolsos por parte de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación.
El expediente federal, registrado bajo el número CFP 5004/2026 el pasado 9 de octubre, registró un avance el 13 de octubre con una resolución en la que Rafecas ordenó requerir informes urgentes a la jueza Mónica Lucero y a la UFI Delitos Especiales. El magistrado nacional aguarda estos datos para dar vista al fiscal federal antes de resolver si asumirá la competencia o si la causa continuará bajo la órbita de los tribunales sanjuaninos.
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