26 Feb 07:41h
El Consejo Provincial del Partido Justicialista de San Juan ordenó a sus legisladores nacionales apoyar la reforma de la Ley de Glaciares durante la sesión programada para este jueves en el Senado.
El órgano partidario emitió una declaración de «total apoyo» a las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional, las cuales facultarán a las provincias para autorizar actividades productivas en zonas periglaciares que no constituyan reservas hídricas estratégicas.
Esta decisión busca destrabar proyectos mineros clave en los departamentos de Iglesia y Calingasta, históricamente frenados por la ambigüedad de la normativa vigente.
La postura oficial del peronismo local generó un escenario de votación dividida entre los representantes sanjuaninos en la Cámara Alta. El exgobernador Sergio Uñac acompañará los cambios en la Ley 26.639, en concordancia con la tradición prominera de su gestión y el pedido explícito del PJ provincial.
Pero la senadora Celeste Giménez, referenciada en el kirchnerismo duro, votaría de forma negativa para mantener la línea crítica de su sector hacia la flexibilización de los presupuestos mínimos ambientales.
La conducción justicialista fundamentó su decisión en la necesidad de recuperar el federalismo sobre los recursos naturales, tal como lo establecen los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional.
El documento partidario resaltó que San Juan mantiene una postura crítica desde la sanción original de la ley en 2010, llegando incluso a presentar acciones judiciales de inconstitucionalidad. Los dirigentes señalaron que la imprecisión en las definiciones técnicas de la norma actual impiden el desarrollo de inversiones mineras y de infraestructura de manera irracional.
El proyecto de reforma establece que las provincias podrán retirar geoformas del Inventario Nacional de Glaciares si se comprueba, mediante equipos técnicos, que no cumplen una función de reserva de agua o recarga de cuencas. Además, la nueva reglamentación determina que la actividad minera solo será prohibida en el ambiente periglaciar si una Evaluación de Impacto Ambiental clasifica la intervención como una «alteración relevante». Esta modificación administrativa permite al justicialismo local alinear su estrategia política con las demandas del sector empresarial extractivo.
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