09 Oct 08:07h
El servicio de transporte público de pasajeros en San Juan se restableció tras más de 37 horas de paralización, luego de la confluencia de tres medidas clave por parte del Gobierno provincial: la mediación laboral y la conciliación obligatoria impulsadas desde la Subsecretaría de Trabajo; el recurso a medidas judiciales con la advertencia de severas sanciones; y la asunción de un compromiso financiero de compensaciones para el sector empresarial.
Mediación laboral y conciliación obligatoria
En la sede de la Subsecretaría de Trabajo, las autoridades provinciales encabezaron más de siete horas de negociaciones entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP). Durante la audiencia, las partes pactaron un desembolso inmediato a cada chofer para saldar la actualización salarial adeudada del mes de septiembre.
El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, confirmó que la conciliación obligatoria continúa vigente con el objetivo de encauzar los diferendos restantes. A su vez, el secretario de Finanzas de la UTA, Antonio Ruiz, detalló que los trabajadores reciben una suma inicial previo a la normalización de los recorridos.
Medidas judiciales y advertencia de sanciones
En paralelo a la mesa de diálogo, la administración provincial recurrió a la órbita judicial para exigir la restitución del transporte público. La Fiscalía de Estado, conducida por Sebastián Dávila, interpuso un recurso de amparo con medida cautelar ante el Primer Juzgado Civil.
El magistrado Héctor Rollán aceptó la solicitud e intimó al cese de las medidas de fuerza. En este marco, el Ejecutivo provincial advirtió sobre la aplicación de multas diarias de $1.000.000 a directivos y sindicalistas en caso de desobediencia, junto con la derivación de antecedentes al fuero penal.
Compromiso financiero y estructura de costos
El tercer elemento determinante en la resolución del conflicto correspondió a la garantía económica otorgada por el Estado provincial. El titular de ATAP, Ricardo Salvá, expuso que las empresas registraban un severo desfasaje financiero producto de un retraso de siete meses en la revisión de la estructura de costos del sistema.
Con el fin de sostener la viabilidad operacional del servicio, las autoridades provinciales suscribieron un compromiso formal por escrito para abonar asignaciones complementarias al sector a partir de la siguiente semana.
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