31 Mar 08:10h
El juez del fuero laboral Raúl Horacio Ojeda aceptó una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y suspendió la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral. La resolución judicial frenó el grueso de la norma aprobada por el Congreso Nacional el mes pasado, la cual representaba uno de los pilares legislativos del gobierno nacional.
Con este fallo, el mercado de trabajo volvió a regirse transitoriamente por la legislación anterior hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Alcance de la resolución judicial
La decisión del magistrado alcanzó a casi la totalidad de los artículos que integran la llamada Ley de Modernización Laboral. Entre los puntos suspendidos figuran los cambios en el régimen de indemnizaciones, la modificación de los períodos de prueba y las alteraciones en las licencias y condiciones de contratación. El juez Ojeda fundamentó la medida en la necesidad de evitar perjuicios irreversibles para los trabajadores mientras se analiza la constitucionalidad de la reforma.
Argumentos de la central obrera
La CGT basó su reclamo en la presunta inconstitucionalidad de la norma, al considerar que vulneró principios protectores del derecho del trabajo y el carácter progresivo de los derechos sociales. La central sindical sostuvo que la aplicación de los nuevos artículos generó un desequilibrio en la relación entre empleadores y empleados. El fallo reconoció que los planteos gremiales tuvieron la entidad suficiente para habilitar una suspensión preventiva de las modificaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo.
Situación institucional y próximos pasos
Esta resolución reviste un carácter provisional y no define la validez definitiva de la ley. El gobierno nacional manifestó que apelará la medida ante las instancias superiores para intentar restablecer la vigencia de la reforma. El conflicto judicial se perfila para una resolución final en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras que las organizaciones sindicales celebraron el fallo como un triunfo en la protección del modelo laboral vigente previo a la sanción de la ley.
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