16 Nov 13:09h
La Asociación de Familias del Dolor y la Esperanza difundió en sus plataformas digitales un firme comunicado titulado «Los diputados tienen la palabra», en el que denunció la inacción del Congreso frente a los siniestros viales mortales y alertó sobre la inminente pérdida de estado parlamentario de la reforma del Código Penal.
La iniciativa legislativa, que busca agravar sustancialmente las sanciones para quienes causen muertes o lesiones graves al volante, fue aprobada por unanimidad en el Senado de la Nación en septiembre de 2025 tras el impulso de organizaciones de familiares de víctimas. Sin embargo, tras meses de permanencia en las comisiones de la Cámara de Diputados, el proyecto continúa sin ser debatido en el recinto.
En la declaración pública, la entidad remarcó que la práctica judicial cotidiana en la Argentina continúa tratando las muertes viales bajo esquemas que permiten la libertad inmediata de los responsables. Mientras las familias enfrentan el duelo o acompañan los procesos de rehabilitación de los heridos en los hospitales públicos, la falta de avance en el recinto legislativo amenaza con consolidar un escenario de impunidad.
Uno de los ejes centrales del pronunciamiento radica en la impugnación del término «accidente» o «fatalidad» para describir conductas de alto riesgo al volante. Según sostiene el comunicado de las organizaciones de víctimas, los siniestros provocados por conductores en estado de ebriedad, bajo los efectos de estupefacientes, a velocidades que duplican los límites permitidos o tras cruzar semáforos en rojo no constituyen hechos fortuitos, sino el resultado directo de decisiones conscientes.
El documento argumenta que quien conduce en tales condiciones transforma el vehículo en un arma letal y demuestra un desprecio absoluto por la vida. En ese sentido, la reforma atascada en Diputados propone modificar la tipificación penal mediante los siguientes puntos clave:
- Elevación de escalas penales: Incrementar las penas mínimas y máximas para impedir que los homicidios viales queden encuadrados en figuras excarcelables.
- Eliminación de atenuantes procesales: Evitar que los agravantes del hecho se diluyan durante las instancias de negociación judicial o arreglos abreviados.
- Restricción de la libertad inmediata: Impedir que los imputados por siniestros viales graves recuperen la libertad a las pocas horas de ocurrido el hecho y retomen la conducción de vehículos.
El texto difundido en redes sociales expone una marcada contradicción en la política pública del Estado argentino. Durante la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 2026, la delegación oficial argentina suscribió un compromiso multilateral destinado a conformar el Espacio Iberoamericano de Seguridad Vial y a armonizar las legislaciones nacionales contra los principales factores de riesgo vial.
Sin embargo, el comunicado contrasta la firma de dichos compromisos internacionales en Europa con la falta de tratamiento de la legislación interna. Las familias firmantes señalaron que la política exterior no puede convertirse en un escaparate de intenciones mientras en las calles y rutas del país se mantiene la pérdida de vidas evitables.
Asimismo, la declaración toma como referencia la reforma legislativa sancionada por Francia en julio de 2025. En dicho país se suprimió la figura de «homicidio involuntario» en el ámbito vial para crear el delito específico de «homicidio vial» ante la presencia de agravantes como el consumo de alcohol o drogas, el exceso de velocidad o la fuga del lugar del hecho, sentando un antecedente de adecuación del derecho penal a la gravedad real del daño causado.
La Asociación de Familias del Dolor y la Esperanza concluyó su comunicado haciendo una llamada directa a los integrantes de la Cámara de Diputados para que destraben de manera inmediata el expediente en comisión y lo lleven al recinto para su sanción definitiva. El pronunciamiento subraya que detrás de la parálisis administrativa se encuentran historias humanas atravesadas por el dolor, representadas en las calles por las intervenciones con pintura amarilla y carteles sobre el asfalto.
El mensaje enfatiza que la seguridad vial constituye una causa transversal a toda la sociedad, advirtiendo que la falta de sanción de la ley convierte la omisión estatal en una garantía de impunidad ante previsibles muertes futuras. Los familiares insisten en que la única vía para pacificar el dolor colectivo es garantizar una justicia proporcional, efectiva y oportuna.
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