16 Nov 07:50h
La Cámara de Diputados de San Juan debatirá este martes 17 de noviembre de 2026, a las 9:00 horas, la aprobación del denominado «Fideicomiso Aporte DIA Vicuña» y su Anexo I. La sesión especial busca dar luz verde al fondo fiduciario que administrará hasta 250 millones de dólares aportados por la empresa minera Vicuña Argentina S.A. para financiar obras públicas en la provincia.
En términos sencillos, el fideicomiso es una herramienta de gestión financiera administrada por el Banco de San Juan S.A. para resguardar y volcar a la comunidad los recursos de la minería. Estos fondos surgen de los compromisos que asumió la compañía en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del depósito Josemaría, ratificada por la Resolución N° 268-MM-2022 del Ministerio de Minería el 8 de abril de 2022. Dicho yacimiento se integra al Proyecto Vicuña junto a Filo del Sol en el departamento de Iglesia.
La ley de aprobación exige que cada dólar recibido tenga destino exclusivo en obras de infraestructura vial, hídrica o energética en la provincia. A su vez, el contrato fiduciario prohíbe de forma explícita el uso de este dinero para publicidad política o campañas del gobierno.
La sesión especial convocada para este martes tratará exclusivamente este proyecto remitido por el gobernador Marcelo Orrego y el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, que consta de cuatro artículos. Sus puntos centrales otorgan respaldo legislativo al acuerdo, fijan la afectación específica de los recursos y facultan al Ejecutivo a implementar las medidas reglamentarias sin modificar el objeto del contrato.
El contrato del fideicomiso público se firmó el 7 de octubre de 2026 y recibió la ratificación del Poder Ejecutivo por el Decreto N° 001472 MM-2026 el 2 de noviembre de 2026 (Expediente N° 1100-000592-2026). En el convenio participan:
- La Provincia de San Juan, con rol de Fiduciante y Fideicomisario.
- El Banco de San Juan S.A., en calidad de Fiduciario a través de sus apoderados Gustavo Daniel López y Adolfo Emilio Muchino.
- Los contratistas y proveedores, constituidos como los beneficiarios finales que cobrarán por las obras ejecutadas.
Los aportes de la empresa minera se realizan mediante transferencias bancarias en pesos argentinos, según el Tipo de Cambio Dólar Divisa Vendedor del Banco Nación del día anterior a cada depósito. El texto invalida los pagos en dinero en efectivo o con cheques al portador.
La selección y el pago de los proyectos no quedan en manos de la entidad bancaria. La conducción recae en un Comité Ejecutivo integrado ad honorem por al menos dos representantes del Gobernador y del Ministro de Minería. Cada obra debe contratarse mediante licitación pública obligatoria bajo la Ley Provincial N° 128-A, sin importar el monto económico involucrado.
Para asegurar la transparencia, los miembros del comité firman declaraciones juradas de integridad de forma anual y deben abstenerse ante cualquier conflicto de intereses. Adicionalmente, las obras se someten a auditorías externas anuales a cargo del Tribunal de Cuentas de la Provincia. El texto exige también la adecuación a leyes sobre prevención de lavado de activos y sanciones financieras internacionales de Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Australia y la ONU.
Respecto de los tributos, el fideicomiso goza de exención de impuestos provinciales presentes y futuros, incluido el Impuesto de Sellos. Sin embargo, la exención no beneficia a las empresas contratistas ni al propio banco, quienes deben tributar el Impuesto a los Ingresos Brutos por sus servicios.
Por la tarea de gestión, el Banco de San Juan S.A. cobra un honorario mensual del 0,45% (con IVA incluido) sobre los montos que liquide la minera. El fondo prevé también una reserva para gastos de dos honorarios mensuales o 10.000 dólares. El banco debe tramitar el CUIT ante la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA) en 10 días hábiles y abrir la cuenta fiduciaria en los 10 días posteriores a la notificación.
El contrato fija una duración de 30 años, el límite máximo permitido por el Código Civil y Comercial de la Nación. Si la mina continúa en explotación tras ese lapso, la provincia debe constituir un nuevo fideicomiso para garantizar la recepción de fondos hasta el cierre definitivo del proyecto minero.
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