13 Ago 07:12h
La Libertad Avanza consiguió el dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados para el proyecto de Inocencia Fiscal II. El oficialismo logró el apoyo de los bloques aliados tras acordar la exclusión «total e incondicional» de los funcionarios públicos de los beneficios y presunciones del régimen. La iniciativa obtuvo 44 firmas en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal con el respaldo del PRO, la UCR y otros bloques provinciales.
La prohibición de acceso al beneficio alcanza a todas las personas que ejerzan o hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública dentro de los últimos cinco años y hacia adelante. El listado incluye a secretarios de Estado, legisladores, magistrados del Poder Judicial, defensores del Pueblo y miembros del Consejo de la Magistratura. Estos sujetos podrán utilizar el sistema solo como canal operativo para sus declaraciones, pero no accederán a la «presunción de exactitud» ni a la «liberación de fiscalizaciones».
Esta modificación surgió como respuesta a las tensiones por el caso del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se acogió al régimen simplificado para justificar ingresos mientras enfrentaba una investigación. La diputada Laura Rodríguez Machado, titular de la comisión de Legislación Penal, afirmó al respecto: “Los funcionarios no entran en este régimen. La exclusión alcanza a quienes en los últimos cinco años tuvieron cargos en la función pública y en adelante”.
Más allá de la cuestión política, el proyecto introduce cambios para el sector productivo y la ciudadanía general. La nueva versión elimina los límites de ingresos anuales ($1.000 millones) y de patrimonio ($10.000 millones) que restringían el acceso al beneficio en la norma anterior. Para las pymes, se fija una reducción del 25% de las multas por determinadas infracciones y una quita del 50% para multas anteriores que no estén firmes.
La oposición planteó duras críticas durante el debate en comisión. La diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, cuestionó al oficialismo: “¿Se les cayó la posibilidad de seguir evadiendo? (…) se le cayó una herramienta para seguir robando a la casta mileista”. Por su parte, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Alvarez, defendió la reforma con base en el alto nivel de informalidad en Argentina, que se sitúa en un 48% según el INDEC.
El texto define técnicamente la “discrepancia relevante” como una diferencia entre lo declarado y lo detectado que supere el 15% del impuesto o alcance el equivalente a $5 millones. Tras obtener este despacho, el Gobierno prevé el tratamiento de la propuesta en el recinto el próximo 26 de agosto. Rodríguez Machado concluyó sobre el espíritu de la ley: “Queremos darles previsibilidad, alivio fiscal y justicia impositiva a los ciudadanos y PyMEs que hacen el esfuerzo diario por estar al día”.
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