08 Oct 08:11h
Un conjunto de estudiantes universitarios ingresó a la sede de la Secretaría de Educación en el Palacio Pizzurno y ocupó el hall central del edificio con el fin de exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida de fuerza, efectuada en la antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria, culminó con la intervención de fuerzas de seguridad nacionales que desalojaron el lugar sin que se produjeran detenciones.
La protesta contó con alumnos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Los manifestantes solicitaron una audiencia formal con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, así como un incremento en los montos de la Beca Progresar.
Isabel González Puente, consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, remarcó que existe una norma aprobada desde hace más de un año y afirmó que el colectivo no puede mantener la espera frente al incumplimiento estatal. Por su parte, Valentina Bär Larralde, presidenta del Centro de Estudiantes de esa misma facultad, declaró: “Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. (…) Se nos acabó la paciencia”.
Pocas horas después del ingreso, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, confirmó el desalojo de la sede mediante una acción conjunta entre la Policía Federal y el Ministerio de Seguridad Nacional. Las autoridades remarcaron que el operativo concluyó sin personas detenidas. No obstante, la cartera oficial calificó el hecho de “toma violenta”, denunció daños al patrimonio público y anunció una demanda judicial contra los responsables. A través de un comunicado, el Ministerio sostuvo que el diálogo representa la única vía para encauzar los reclamos institucionales.
La acción estudiantil ocurrió tras la resolución del juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien declaró inconstitucional el fragmento del Decreto 759/2025 que frenaba la norma. La Ley 27.795, aprobada por el Congreso y ratificada luego de rechazar el veto presidencial, fija el presupuesto para las universidades nacionales de todo el país.
La ocupación del edificio público antecede a la quinta Marcha Federal Universitaria, fijada para el 15 de octubre. En paralelo, distintas organizaciones gremiales docentes y no docentes confirmaron un plan de lucha con paros y jornadas de visibilización en las facultades.
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