29 Dic 08:04h
Diversas organizaciones ambientalistas y vecinos autoconvocados presentaron una serie de amparos ante la justicia local para frenar el proyecto de extracción de cobre PSJ – Cobre Mendocino en Uspallata. La acción judicial busca declarar la inconstitucionalidad de la Ley Provincial 9684, aprobada el pasado 9 de diciembre, al considerar que la iniciativa representa una amenaza ambiental cierta y que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental estuvo viciado de nulidad por omitir riesgos sociales y ecológicos críticos.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en conjunto con la Asociación Civil El Suri y referentes académicos como Marcelo Giraud, encabezaron la presentación del escrito que denuncia presunta la vulneración del derecho a un ambiente sano. Según el abogado de la FARN, Cristian Fernández, la aprobación legislativa resultó ilegal porque se supeditó el análisis de riesgos fundamentales al futuro, dejando «puntos ciegos» en el estudio de impacto ambiental que impidieron una ponderación adecuada de los daños potenciales antes de otorgar el visto bueno.
A este reclamo se sumaron otras dos demandas interpuestas por la Comunidad Huarpe Guaytamari, la Fundación Cullunche y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Estos colectivos pusieron el foco en el daño irreversible que la minería generaría en la Ciénaga del Yalguaraz y el Arroyo El Tigre. Los amparos resaltaron que, si bien el proyecto evita el uso de sustancias prohibidas por la Ley 7722, utiliza otros químicos como el Metil Isobutil Carbinol y el Isobutil Xantato de Sodio, cuyos efectos sobre el drenaje de roca y la contaminación de acuíferos fueron señalados con preocupación por informes técnicos del IADIZA, Irrigación y la UNCuyo.
La ofensiva judicial se apoya en los principios precautorios y preventivos del derecho ambiental, citando como antecedente el «Caso Mamani» de la Corte Suprema, donde se anuló un estudio por ser insuficiente. Mientras la justicia analiza los pedidos de medidas cautelares para detener a la empresa Zonda Metals GmBH, la movilización social bajo la consigna «el agua de Mendoza no se negocia» se mantiene activa. Tras las multitudinarias marchas de diciembre, las organizaciones continuaron con una agenda de concientización que incluyó festivales y limpiezas de ríos para exigir la derogación de las normas mineras.
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