09 Oct 15:43h

La Defensora del Pueblo de San Juan, Florencia Peñaloza, trazó este viernes un alarmante diagnóstico sobre la vulnerabilidad social y económica en la provincia durante una entrevista concedida al canal de streaming Pelado Stream. Según reveló la funcionaria, la crisis golpea con dureza a las personas con discapacidad —donde el 90% de los trámites de pensión paralizados sigue sin solución— y a los trabajadores endeudados, debido a que el 74% de los encuestados destina más de la mitad de sus ingresos a pagar deudas contraídas para la mera subsistencia diaria.

En el ámbito de la discapacidad, Peñaloza advirtió sobre las graves consecuencias del debate del Presupuesto 2027 en el Congreso de la Nación. La defensora cuestionó que las discusiones oficiales reduzcan la asistencia a una cifra en una planilla de Excel e insistan en la prórroga anual de una emergencia, en lugar de garantizar un régimen permanente con perspectiva social y autonomía conforme a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. «Atrás está los trabajadores de la salud, los trabajadores del transporte, las personas con discapacidad, su familia, su derecho a la educación, su derecho a alimentarse, su derecho a la salud. O sea, no es solo una planilla de Excel», enfatizó la entrevistada.

Respecto al impacto local, la titular del organismo señaló que en la Defensoría existen 150 expedientes de sanjuaninos con trámites de pensiones no contributivas paralizados. De ese total, la Secretaría de Discapacidad activó apenas el 10% en el transcurso del año, motivo por el cual la entidad realiza un seguimiento cotidiano de cada expediente. Sobre el valor de estos beneficios, la defensora manifestó: «Nos entra un expediente y es el 110 para esa familia… Para esa familia del otro lado es quizás la medicación para que su hijo pueda vivir, para que su hijo pueda ir a la escuela, para que a su hijo no le corten la prestación».

Asimismo, la funcionaria recordó la acción de amparo presentada el año pasado ante los recortes nacionales, medida judicial que detuvo la quita de pensiones por invalidez en todo el país. No obstante, denunció la persistencia de suspensiones de cobertura en centros de día, escuelas terapéuticas y prestaciones del sistema Incluye Salud. Como ejemplo de la tarea asistencial, citó la reciente intervención telefónica ante el reclamo de una mujer con severa discapacidad visual y diabetes que carecía de recursos económicos para trasladarse, a quien la institución le gestionó de inmediato el acceso a sus medicamentos.

El segundo eje de gravedad concierne al endeudamiento de las familias, motivo que constituye la principal demanda de asesoramiento recibida durante los últimos seis meses en la sede institucional. De acuerdo con los datos brindados por el Observatorio de la Defensoría del Pueblo, el 74% de las personas consultadas manifestó que mantiene deudas y utiliza más del 50% de sus salarios para la refinanciación.

Asimismo, las estadísticas oficiales revelan que el 62% del dinero obtenido mediante créditos responde a necesidades de subsistencia elemental, tales como la compra de alimentos, el pago de luz y agua o la educación escolar. Sobre estos indicadores, Peñaloza remarcó: «El 74% de los encuestados nos decía que estaba endeudado, que usaba más del 50% de su sueldo para refinanciar una deuda… y que el 62% era para la subsistencia».

Frente a esta coyuntura, la Defensoría instó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) a ejercer una fiscalización estricta sobre la capacidad económica de los solicitantes y a controlar el funcionamiento de entidades crediticias formales e informales que aplican tasas usurarias producto de la desregulación financiera. Paralelamente, el organismo solicitó a las entidades bancarias —con respuestas positivas del Banco Nación y otras entidades para evaluar líneas específicas— la consolidación de deudas y la precisión en la composición de capital e intereses, e impulsó ante las empresas prestadoras de servicios públicos la creación de planes de pago adecuados a la realidad de los usuarios.

Por otra parte, la defensora expuso la situación de extrema vulnerabilidad de los adultos mayores, a quienes definió como víctimas de disputas políticas que ponen en peligro su vida y salud a través de la cancelación de cirugías a pocos minutos de la intervención o la falta de camas en sanatorios.

A la fragilidad económica se suma la barrera de la exclusión digital. Peñaloza citó la frase «Necesito que me atienda un humano» para ilustrar la pérdida de autonomía que padecen los ancianos ante los sistemas automáticos de atención telefónica y bancaria. Para mitigar estos perjuicios y su impacto en la salud mental, la Defensoría puso en marcha programas de alfabetización digital, educación financiera y asistencia interdisciplinaria en articulación con el programa de atención primaria del Hospital Marcial Quiroga y las resoluciones del Plenario de la Asociación Argentina de Defensores del Pueblo.

Por último, la funcionaria recordó que la Defensoría del Pueblo atiende de forma presencial en su sede ubicada en calle Mitre, frente a la Plaza 25 de Mayo, además de recibir consultas por correo electrónico, redes sociales, sitio web y vía telefónica.

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