01 Oct 07:50h

En una presentación realizada al mediodía de este miércoles 30 de septiembre, los fiscales de la UFI Delitos Especiales, Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, solicitaron a la Oficina Judicial Penal la fijación de fecha para la audiencia de formalización de la investigación en la causa del Acueducto Gran Tulum.

La Oficina Judicial tiene ahora la tarea de citar a los once involucrados que recibieron la comunicación procesal previa. Fuentes judiciales indicaron que el trámite de citación demandará cerca de diez días, por lo que la audiencia correspondiente se concretará hacia mediados de octubre.

La notificación previa, amparada en el artículo 338 del Código Procesal Penal de San Juan, no constituye una imputación penal ni fija responsabilidades de manera directa en esta instancia. Su propósito radica en poner en conocimiento el legajo judicial y garantizar derechos fundamentales de defensa, tales como la elección de abogados particulares, la solicitud de un defensor oficial y el acceso total a la documentación recopilada.

Esta solicitud de audiencia se encuadra en la prórroga de 90 días hábiles que la jueza de Garantías Mónica Lucero otorgó a la fiscalía para completar sus medidas de prueba.

Entre los once ciudadanos informados sobre las actuaciones judiciales figuran exautoridades provinciales, exdirectivos de empresas públicas, auditores y empresarios:

• Sergio Mauricio Uñac: Exgobernador y exvicegobernador de la provincia, actual senador nacional.
• Julio César Ortiz Andino: Exministro de Infraestructura de San Juan entre 2015 y 2023.
• Cristian Felipe Andino: Expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) entre diciembre de 2011 y diciembre de 2015, actual diputado nacional y referente del PJ.
• Guillermo Sirerol: Expresidente de OSSE.
• Sergio Fabián Ruiz: Expresidente de OSSE entre diciembre de 2015 y febrero de 2019, actual asesor en el Senado.
• Juan Carlos Caparrós: Expresidente de OSSE entre febrero y diciembre de 2019.
• Humberto Gonzalo Caballero: Exjefe del Departamento Jurídico de OSSE y actual juez laboral.
• Juan Antonio Sánchez: Funcionario de OSSE vinculado a la implementación del proyecto del acueducto.
• Francisco José Javier Correa: Funcionario de OSSE, exauditor técnico y exgerente de Obras de la repartición.
• Rolando Vicente Caruso: Exjefe del Departamento de Proyectos de OSSE.
• Gustavo Fabián Mastelono: Presidente y representante de la firma proveedora Krah América Latina S.A..

En las actuaciones también consta el nombre de Gustavo Horacio Monti, empresario fallecido en febrero de 2026, quien ejercía como apoderado local de la empresa Krah y tenía lazo de parentesco con el exgobernador Uñac.

Las claves del caso y el origen de la causa

• Origen de la denuncia: El expediente penal se inició en diciembre de 2025 a partir de la presentación que realizó el abogado Marcelo Arancibia tras revelaciones periodísticas. La investigación analiza presuntas irregularidades en la licitación, la contratación de materiales, posibles sobreprecios y anomalías técnicas en la obra.
• Delitos bajo análisis: La fiscalía evalúa hipótesis sobre negociación incompatible con la función pública, malversación de caudales públicos, defraudación, dádivas, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
• Defectos en las cañerías y toxicidad: Un informe técnico de la firma Industrias Metalúrgicas Jaime, con fecha del 24 de junio de 2020, alertó sobre fallas estructurales irreversibles en los caños de polietileno de alta densidad (PEAD) y en las soldaduras de electrofusión. Además, peritajes posteriores determinaron que las tuberías no eran aptas para el transporte de agua potable por contener componentes con toxicidad para la salud humana.
• Perjuicio económico y retiro de materiales: Ante el peligro de fugas y contaminación, las autoridades retiraron cerca de 10 kilómetros de tuberías del trazado original. La obra total se licitó por 200 millones de dólares —financiada en un 50% por el Estado nacional y el otro 50% mediante un préstamo internacional del Estado de Kuwait y Australia. El gobierno del gobernador Marcelo Orrego calculó un perjuicio fiscal directo de 50 millones de dólares para las arcas provinciales, mientras la provincia mantiene el pago regular de la deuda externa. Asimismo, por la provisión de los caños la empresa Krah cobró al menos 1.300 millones de pesos y la justicia analiza presuntas comisiones cobradas por PVC San Juan SRL.
• El Estado como parte querellante: En febrero de 2026, la Provincia de San Juan asumió la condición de parte querellante a través de la Fiscalía de Estado.
• Medidas probatorias e inspecciones: Bajo las directivas del fiscal general Guillermo Baigorrí para dar prioridad a hechos de corrupción administrativa, los fiscales realizaron allanamientos en la sede capitalina y en la planta de Albardón de la firma Krah, donde secuestraron computadoras y documentación técnica. También concretaron inspecciones oculares desde el obrador junto al dique Punta Negra hasta tramos de la Ruta 12, Villa Tacú y la planta potabilizadora de Marquesado.
• Descargos y presentaciones de los involucrados: El diputado Cristian Andino desvinculó su gestión en OSSE de las anomalías al precisar que dejó el cargo en 2015, momento en el que no se registraba recepción de caños. Por su parte, los expresidentes de OSSE Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol se pusieron a disposición de la Justicia a través de sus defensas particulares con el aporte de documentación de sus respectivos períodos.

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Uñac y 10 exfuncionarios de OSSE e Infraestructura, bajo la lupa judicial por el Acueducto Gran Tulum