13 Ene 08:08h
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se trasladó este lunes a la localidad de Epuyén, en la provincia de Chubut, para supervisar el alcance de los incendios forestales que afectaron a la región patagónica desde el pasado 5 de enero.
Durante su visita, la titular del Senado adelantó que presentará un proyecto de ley para actualizar el Código Penal, con el objetivo de establecer penas de cárcel efectiva para quienes inicien focos ígneos de manera intencional o negligente.
La iniciativa legislativa buscará dar respuesta a una tragedia que, según palabras de la vicepresidenta, se repite «año tras año» afectando parques nacionales y tierras fiscales.
Villarruel fundamentó su propuesta en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho a un ambiente sano, y subrayó que no se debe escatimar en la protección de la Patagonia, a la cual definió como un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras.
En el plano judicial, la investigación por el origen del fuego en la zona de Lago Puelo y Puerto Patriada arrojó las primeras pistas concretas. El fiscal Carlos Díaz Mayer y el jefe de la Policía de Chubut, Andrés García, confirmaron que se analizan imágenes de cámaras de seguridad donde se observó a dos camionetas realizar una mudanza minutos después de iniciado el incendio.
Los testimonios recogidos por la justicia vincularon estos movimientos a una disputa interna por tierras dentro de una comunidad local, descartando, por el momento, la hipótesis de «terrorismo ambiental» que sostuvo el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Por su parte, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del jefe de Gabinete Manuel Adorni, defendió el despliegue del operativo federal. El funcionario informó que se movilizaron 295 brigadistas y que se logró extinguir 22 de los 32 incendios registrados.
Sin embargo, estas cifras contrastaron con las denuncias de bomberos voluntarios, quienes señalaron una deuda estatal correspondiente a la mitad de los fondos de 2025, situación que dificultó el traslado y la estadía del personal en las zonas críticas.
Mientras la vicepresidenta insistió en que «quien delinque debe responder» sin distinciones ideológicas, la oposición en el Congreso alertó sobre la merma de recursos en el Presupuesto 2026 destinados al manejo del fuego.
Ante la virulencia de los siniestros, diversos sectores políticos solicitaron la declaración urgente de la emergencia en las áreas afectadas de la cordillera para garantizar la restitución del daño ambiental y la asistencia a los damnificados.
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