30 May 08:39h
Fueron tres medidas fuertes las que tomó Marcelo Orrego en esta semana picante, tal vez la más trascendente en lo que va de 2025. El gobernador ratificó una identidad política muy marcada, reencontrándose con el perfil que le dio la victoria en 2023. La síntesis sería: cambio y mano dura.
Las tres medidas referidas fueron la adhesión al blanqueo del ‘dólar colchón’, en un nuevo gesto de apoyo al modelo económico liberal; la implementación del protocolo antipiquetes en San Juan y la auditoría de las cuentas públicas de Sergio Uñac, como no había sucedido hasta ahora.
Vale la reiteración: el hilo conductor de las tres decisiones fue cambio y mano dura.
Bastó un Zoom con el jefe de Gabinete y los ministros de Economía y de Desregulación de Javier Milei para que Orrego diera su aval al nuevo blanqueo de dineros no declarados, con el fin de remonetizar la economía. O, en otras palabras, despertar el consumo que sigue muy planchado.
La consecuencia inmediata de las ventas en picada es la caída de la coparticipación. Sin fondos discrecionales de Nación, la expectativa de Orrego es que este manotazo de Toto Caputo beneficie a la provincia por la vía de los recursos coparticipables. Si hay más consumo se recaudará más IVA. Y una parte de eso llegará a San Juan. Fin.
Pero más allá del pragmatismo evidente, de un lado y del otro, hay contenido político. Orrego, que tiene diferencias con el modelo nacional, está bancando las medidas económicas de ajuste como una reacción al kirchnerismo.
Se ha dicho y escrito en este espacio de opinión varias veces: si Orrego comparte algo con Milei es el adversario. Ambos ganaron en 2023 como opciones de cambio. Hoy les toca honrar ese compromiso con el sector de la población que los eligió.
En esa misma línea, Orrego finalmente anunció la implementación del protocolo antipiquetes. Fue el día después de que taxistas y remiseros enojados por la llegada de las plataformas como Uber y Didi sitiaran la ciudad. Hasta ahora, el gobierno de la provincia había evitado imitar a Patricia Bullrich. Las imágenes de la represión en Ciudad Autónoma de Buenos Aires siempre conllevan costo político.
Por eso el secretario de Estado de Seguridad, Enrique Delgado, aclaró enfáticamente este jueves en Pelado Stream que no van a ‘criminalizar la protesta social’. Será desafiante para el gobierno de Orrego trazar una línea clara entre una cosa y la otra. Habrá que observar con detenimiento cómo se desarrollan las manifestaciones en adelante.
Según Delgado, lo que buscan es coordinar con los diferentes sectores. Que solo en caso que no se pueda marchar por las veredas, la segunda opción sea bajar a la calle, pero ocupando media calzada. Que habrá mucho diálogo antes de actuar. Pero si nada de esto sirve, finalmente actuarán la policía y la Justicia de Flagrancia.
Al gobierno le molestó el piquete de taxistas y remiseros porque fue intempestivo, no anunciado. Venían dialogando y súbitamente estalló la protesta. Es y será un año complicado. A las dificultades ordinarias se sumará la campaña. Cada vez que se aproximan las urnas, llegan acompañadas de cierta inestabilidad.
En ese marco llegó a Buenos Aires el pedido de informes que hizo el diputado libertario Fernando Patinella por la compra directa de kits escolares, realizada por el ministerio de Familia de San Juan. Aquel episodio ocurrió en octubre del año pasado. Siete meses después fue presentado en la TV porteña con toda la potencia que esto implica.
La oportunidad generó sospechas. ¿Quién impulsó el informe periodístico? ¿Acaso hubo alguna mano sanjuanina que se ocupó de reavivar esa vieja denuncia? La reacción sucedió inmediatamente. El interbloque Cambia San Juan, en la Legislatura Provincial, impulsó una serie de pedidos de informe para auditar los gastos de Sergio Uñac entre 2020 y 2023.
Porque sí, para sorpresa de nadie, el gobierno anterior también hizo compras directas. En política esto tiene un nombre poco elegante. Le dicen guerra de carpetazos.
PELADO STREAM
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