13 Nov 07:31h
La Cámara Argentina de Proveedores Energéticos y Mineros (CARPEM) instó al gobierno de San Juan a realizar una mediación política y económica urgente para destrabar los conflictos que amenazan con retrasar el inicio de la producción de la mina de oro Hualilán, ubicada en Ullum.
La entidad, que representa a más de 50 empresas y prestadores de servicios mineros, advirtió que no resolver las tensiones con la comunidad de Calingasta podría postergar la prosperidad que proyectaba el proyecto, incluyendo miles de empleos y el ingreso de regalías millonarias.
El foco de la disputa se centra en la logística del proyecto, operado por Golden Mining S.A., filial de Challenger Gold, que planea el traslado de material mineral desde Ullum hasta la planta de Casposo en Calingasta a través de la Ruta 149 y la villa cabecera.
La comunidad de Calingasta expresó preocupaciones legítimas respecto al paso de convoyes de camiones por zonas pobladas, argumentando riesgos viales, ruido y polvo, lo que motivó reclamos por un plan vial alternativo que evitara el tránsito por la villa. Incluso el intendente de Calingasta había exigido una «decisión política» para completar la gestión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y resolver la inquietud sobre el recorrido de 165 km.
Las autoridades de CARPEM, encabezadas por el Arq. Luis Crocco, sostuvieron que Hualilán representa una oportunidad histórica para consolidar el liderazgo aurífero de San Juan y fortalecer la cadena de valor local, asegurando que los beneficios se distribuyan entre proveedores sanjuaninos.
La cámara señaló que el proyecto traería ventajas significativas para la región, incluyendo la generación de cientos de puestos de trabajo directos e indirectos, la demanda de insumos para proveedores locales y el incremento de las regalías provinciales.
CARPEM consideró que los desafíos no son insuperables e instó al Ejecutivo provincial a actuar con celeridad, ya que retrasar Hualilán significa postergar la prosperidad.
La cámara propuso que la mediación del gobierno provincial fuese doble: políticamente, a través de diálogos multipartitos que involucraran a la empresa, comunidades y autoridades locales, y económicamente, mediante la inversión estatal en mejoras viales (como bypass o rutas alternativas) y la oferta de compensaciones directas a Calingasta, tales como fondos para desarrollo comunitario.
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