01 Abr 07:15h
La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó este martes el fallo que obliga al Gobierno nacional a aplicar de forma inmediata la Ley de Financiamiento Universitario. Los magistrados de la Sala III rechazaron la apelación del Poder Ejecutivo y ratificaron la vigencia de la norma sancionada por el Congreso, que el presidente Javier Milei intentó suspender mediante el decreto 759/25.
El tribunal consideró que el Ejecutivo no puede anular una ley vigente basándose en criterios de equilibrio fiscal o falta de recursos específicos.
Un revés judicial contra el ajuste educativo
El fallo judicial determinó que la demora en la implementación de la ley 27.795 genera un perjuicio irreparable sobre los salarios docentes y las becas estudiantiles, dada su naturaleza alimentaria. La Cámara avaló el criterio del juez de primera instancia, quien había calificado como «poco serios» los argumentos oficiales para no cumplir con la normativa.
Los magistrados concluyeron que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para suspender la vigencia de una norma parlamentaria bajo el pretexto del principio de juridicidad o la jerarquía de normas anteriores.
La vigencia de los artículos 5 y 6
Con esta resolución, el Gobierno queda compelido a dar cumplimiento a los artículos 5° y 6° de la ley, que establecen la actualización de las remesas destinadas a los haberes del personal universitario y al sostenimiento de los programas de ayuda estudiantil. La Justicia remarcó que el propio decreto impugnado reconocía el deterioro de los ingresos y la pérdida de poder adquisitivo del sector, lo que acredita el riesgo de daño inminente.
El fallo se conoció en coincidencia con una nueva jornada de paro en las universidades públicas de todo el país en reclamo de presupuesto.
Antecedentes y resistencia oficial
La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso y ratificada con el voto de dos tercios de ambas cámaras luego del veto presidencial. Tras esa derrota legislativa, Milei promulgó la norma pero condicionó su aplicación a la asignación de financiamiento específico a través de un decreto reglamentario que ahora la Justicia dejó sin efecto.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) celebraron la decisión judicial y exigieron al Ejecutivo que, ante la falta de convicción política, cumpla con el respeto a la ley y reasigne las partidas necesarias para normalizar el sistema educativo superior.
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