13 Abr 08:15h

La obra social de los jubilados (PAMI) atraviesa una crisis terminal que ha dejado a millones de afiliados sin servicios básicos esenciales. Este lunes 13 de abril de 2026, los médicos de cabecera nucleados en APPAMIA inician un paro de 72 horas en rechazo a la resolución 1107/2026, la cual recorta sus salarios a la mitad y elimina el pago por consultas presenciales. La medida de fuerza se suma a una parálisis generalizada de prestaciones que incluye la falta de prótesis, deudas millonarias con farmacias y el cierre de clínicas privadas por falta de pago.

En San Juan el director de PAMI, Rafael ‘Nino’ Claros, renunció al cargo en febrero pasado. Había llegado al cargo en enero de 2024 de la mano de la nueva administración libertaria y no tuvo reemplazo hasta ahora.

El conflicto con los profesionales de la salud se originó tras el dictado de una normativa que reduce los ingresos de los médicos de cabecera de 2.100.000 a solo 1.400.000 pesos por jornada completa, monto que no alcanza para cubrir los gastos fijos de un consultorio. Por su parte, los odontólogos llevan un mes realizando retención de tareas debido a que no cobran desde diciembre y el pago por paciente (374 pesos) es inferior al costo de un cartucho de anestesia. El gremio exige la derogación de la resolución y la reincorporación de profesionales despedidos tras pedir la regularización de su situación laboral.

Más allá de las huelgas, el desfinanciamiento impulsado por el gobierno de Javier Milei y el ministro Luis Caputo ha generado lo que diversos sectores califican como una «tragedia humanitaria». Clínicas privadas denunciaron que el PAMI dejó de pagar las internaciones de marzo, lo que provocó la suspensión de cirugías y la provisión de prótesis de cadera. Además, las farmacias reclaman una deuda de 270.000 millones de pesos, lo que pone en riesgo inminente el suministro de medicamentos para toda la población.

El colapso de la obra social ha provocado un traslado masivo de jubilados hacia el sistema público, asfixiando los presupuestos de municipios y provincias. En ciudades como Córdoba, la demanda en hospitales públicos aumentó un 26%, mientras que el PAMI adeuda más de 300 millones de pesos a comunas que debieron absorber a los pacientes ante el cierre de centros privados. Según registros municipales del Conurbano bonaerense, las atenciones sanitarias locales se han duplicado en los últimos años debido al vaciamiento de la cobertura nacional.

El ajuste, diseñado para sostener el superávit fiscal, ha comenzado a mostrar un efecto búmeran que pone en riesgo la dignidad y la vida de los adultos mayores, quienes enfrentan ahora la pérdida de la gratuidad en medicamentos crónicos y la eliminación de planes de asistencia en centros de salud.

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