19 Ago 08:10h
El gobernador Marcelo Orrego y el Partido Justicialista (PJ) tuvieron un fuerte cruce de declaraciones antes de la sesión especial de este jueves, donde la Cámara de Diputados de San Juan busca convertir en ley el convenio con la minera Vicuña. Mientras el mandatario provincial defendió la transparencia y los beneficios del pacto, la oposición cuestionó la celeridad del trámite y alertó sobre posibles riesgos para la autonomía del Poder Legislativo.
Orrego sostuvo una defensa integral del acuerdo y afirmó que este proceso es «fruto de la confianza que una empresa tiene en la provincia». El gobernador subrayó que se respetaron los tiempos correctos y que el debate en la Legislatura será abierto, con la participación de todos los ministros que conocen el texto a la perfección. Durante sus declaraciones, enfatizó que «nadie puede ir en contra sobre algo que le va bien a todos los sanjuaninos» y aclaró de forma taxativa la naturaleza del desembolso de 250 millones de dólares: «esto no es un préstamo, esto es un aporte no reembolsable, no gravable ni compensable».
Para el Ejecutivo, el objetivo central es cumplir las reglas del juego y generar «estabilidad fiscal y seguridad jurídica» para que no existan modificaciones durante la vida útil de la mina. Orrego insistió en que su gestión apuesta al consenso y al diálogo, por lo cual confía en que los diputados evalúen el compromiso que asume la empresa para «sacar su producción» bajo estándares que favorezcan el desarrollo regional.
Por su parte, el Partido Justicialista emitió un comunicado donde expresó su «preocupación por la premura» con la que el oficialismo pretende aprobar decisiones que ya tomó el gobernador. La fuerza opositora advirtió que «la Legislatura no es una escribanía» y que el intento de pasar por encima del debate legislativo representa un riesgo para la democracia. En términos ambientales, el PJ señaló que no permitirán que, a cambio de recursos económicos, «se libere a una empresa de obligaciones ambientales que le corresponden por ley».
El acuerdo reglamenta un aporte extraordinario destinado exclusivamente a un fideicomiso para obras de infraestructura estratégica, como la Ruta 40 Norte, y prohíbe el uso de fondos para gastos corrientes o propaganda política. Ante la inminencia de la votación, el PJ ratificó su postura con la consigna: «Minería sí, pero no de espaldas a los intereses del pueblo». El oficialismo, en tanto, busca que la aprobación legislativa fortalezca la «seguridad jurídica del proyecto» y consolide un modelo de gobernanza basado en la transparencia y el control democrático.
El acuerdo con Vicuña será uno de los dos temas incluidos en la sesión especial convocada para este jueves, en tanto que el restante es el convenio con Nación para que la provincia se haga cargo del mantenimiento de rutas nacionales durante 20 años, con recursos propios, frente al abandono que hizo el gobierno de Javier Milei y la retención indebida de los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles.
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