28 Abr 08:23h
El arzobispo de San Juan y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, monseñor Jorge Lozano, se presentó este lunes en la Plaza de Mayo para expresar su solidaridad con los periodistas acreditados tras el cierre de su espacio de trabajo en la Casa de Gobierno. El prelado calificó la clausura como una “situación desagradable” que vulnera el derecho de los trabajadores a informar y el derecho de la sociedad a estar informada sobre los actos oficiales.
Lozano subrayó la importancia histórica de la Sala de Periodistas “Decano Roberto Di Sandro”, destacando que ha funcionado de manera prácticamente ininterrumpida desde el año 1940. En sus declaraciones, señaló que, según le informaron los propios trabajadores, el espacio no había sido suspendido de forma tan abrupta ni siquiera durante la última dictadura militar. Para el arzobispo, la labor de la prensa en la Casa Rosada es fundamental para que la ciudadanía pueda realizar una «ponderación de los actos de gobierno» y tomar decisiones informadas.
El respaldo de la Iglesia se formalizó luego de que monseñor Lozano recibiera el pasado viernes, en la sede del Episcopado, a representantes de los periodistas afectados. Durante ese encuentro, los comunicadores manifestaron su preocupación por la suspensión de acreditaciones y la afectación de principios constitucionales básicos, como la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
A través de un comunicado de la Conferencia Episcopal, se hizo un llamado urgente a encontrar una solución mediante «canales de diálogo y de entendimiento». Asimismo, Lozano enfatizó la necesidad de erradicar los discursos de odio, en sintonía con los mensajes del Papa León XIV, quien instó a “desarmar las palabras y dejar de lado expresiones hirientes” para fomentar una cultura del encuentro en la sociedad.
El conflicto se originó tras la decisión del Gobierno nacional de cerrar temporalmente la sala luego de una denuncia de la Casa Militar por un supuesto caso de espionaje. Ante esto, la Iglesia ha marcado una clara postura de disidencia con la medida oficial, sumando este reclamo a otras discrepancias recientes sobre políticas sociales y reformas laborales.
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