01 Oct 08:21h
El Gobierno nacional formalizó la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida se dispuso a través del Decreto 695/2025, que firmaron el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
El decreto autorizó la transferencia del 44% de las acciones de la compañía mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional, mientras que el 51% de la participación accionaria quedaría en manos del Estado —a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)—, asegurando así la mayoría accionaria estatal. El 5% restante será destinado a los trabajadores bajo un Programa de Propiedad Participada.
El Poder Ejecutivo argumentó la decisión con el objetivo de garantizar la continuidad de las operaciones de NA-SA «de manera eficiente y competitiva» y señaló que la incorporación de capitales privados es el medio «más idóneo» para asegurar el financiamiento de proyectos estratégicos, como la extensión de vida de la central Atucha I.
La paradoja de una empresa rentable
La medida se tomó a pesar de que Nucleoeléctrica alcanzó en 2024 un récord histórico de generación de 10.449.015 MWh netos y un factor de carga del 73,3%. No obstante, el Gobierno señaló que la compañía depende de aportes estatales, recibió transferencias no reintegrables por 700 millones de pesos en 2023 para sostener inversiones.
La privatización parcial había sido anticipada dos semanas atrás por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y se amparó en que la actividad nuclear había sido declarada «sujeta a privatización» en la década de los 90. Además, la Ley 27.742, conocida como Ley de Bases, ratificó esa condición en 2024.
El proceso licitatorio será llevado adelante por el Ministerio de Economía, en conjunto con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria denominada “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.
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