29 Sep 08:29h
El Gobierno argentino formalizó una denuncia contra la empresa británica Thales UK Limited tras detectar la operación de vuelos no autorizados entre las Islas Malvinas y la ciudad chilena de Punta Arenas. Ante este hecho, el presidente Javier Milei ordenó la apertura inmediata de procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas, en el marco de una creciente tensión en el Atlántico Sur que abarca también un reclamo contra la explotación petrolera unilateral en la región.
La acusación oficial señala que la compañía utilizó una aeronave con matrícula del Reino Unido para conectar el archipiélago con el territorio chileno sin la habilitación de las autoridades de Buenos Aires. El trayecto trasladó a una delegación de empresarios británicos que participaron en una rueda de negocios y foro comercial en Punta Arenas junto con proveedores chilenos. El objetivo de dicho encuentro consistió en establecer una ruta de suministros que incluye alimentos frescos, ganado y materiales de construcción desde la Región de Magallanes hacia las islas.
Por su parte, la naviera chilena Eastern Islands acordó a inicios de septiembre con la administración insular la apertura de un corredor marítimo entre Punta Arenas y Puerto Argentino. Si bien el comunicado de la Casa Rosada aclara que la denuncia no imputa infracciones a autoridades ni empresas de Chile, el Ejecutivo advierte sobre la apertura de un frente diplomático sensible debido al intento británico de romper el aislamiento logístico de la zona.
De forma paralela a las sanciones aéreas, el Gobierno argentino intimó al Reino Unido a frenar en un plazo de dos semanas las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
El presidente Milei instruyó a la Cancillería y a sus equipos jurídicos el inicio del procedimiento de arbitraje internacional amparado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). De no registrarse el cese de las operaciones británicas en el plazo fijado, Argentina acudirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para solicitar medidas provisionales que resguarden sus derechos sobre la Plataforma Continental.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó la notificación oficial enviada a Londres sobre este proceso. En tanto, el mandatario argentino afirmó en redes sociales que la soberanía «se defiende con hechos, no palabras».
En la esfera judicial local, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que ordena a las petroleras involucradas —el consorcio integrado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum— la abstención de obras en el yacimiento situado a 220 kilómetros al norte del archipiélago. Este emprendimiento prevé generar regalías por 2.000 millones de dólares durante 30 años. A la par, la Cancillería argentina evalúa gestiones ante Estados Unidos para impulsar una eventual mediación.
La postura del Gobierno de Chile
El ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros Torconal, ofreció una postura basada en dos aspectos: respaldó el reclamo de soberanía argentino y abogó por una solución pacífica mediante el diálogo, pero al mismo tiempo defendió los lazos comerciales de Magallanes con el archipiélago y solicitó respeto a la voluntad de los habitantes de las islas.
No obstante, el funcionario chileno reconoció que la explotación de recursos naturales resulta más conflictiva y exige evaluar su compatibilidad con los compromisos de Chile en organismos regionales. Entre ellos figura la Declaración del Mercosur de 2011, normativa que prohíbe el ingreso a puertos de buques con bandera insular y veta el apoyo a la extracción ilícita de recursos.
Frente a las acciones de Buenos Aires, el secretario de Defensa británico, Wes Streeting, declaró a la prensa de su país que el Reino Unido posee la capacidad para defender militarmente las islas y calificó las reclamaciones argentinas como carentes de fundamento. Además, la defensa británica programó el reemplazo de cuatro cazas Typhoon Tranche 1 por unidades Tranche 2 para fines de noviembre de 2027, aunque atribuyó dicho movimiento a una rotación ordinaria.
En el plano diplomático, el Gobierno argentino rechazó de forma categórica la postura de Londres ante la Asamblea General de la ONU, así como la denominación de «Territorio Británico de Ultramar» y el referéndum de 2013, donde el 99,8% de los votantes insulares eligió la administración británica.
La posición argentina sostiene que la disputa exige una solución bilateral pacífica de acuerdo con la Resolución 2065 (XX) de la ONU. Asimismo, el Ejecutivo invocó la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas —la cual insta a las partes a abstenerse de modificaciones unilaterales en la zona— y los preceptos de la CONVEMAR, marco jurídico que reconoce la jurisdicción sobre la plataforma continental hasta las 350 millas marinas.
Proyecto de Ley de Soberanía Nacional en el Congreso
Finalmente, en el ámbito legislativo interno, el Congreso de la Nación Argentina prevé debatir un proyecto de ley de Soberanía Nacional. Esta iniciativa legislativa busca ampliar las sanciones económicas y administrativas contra empresas nacionales o extranjeras que participen en actividades ilegítimas en el archipiélago, a la vez que contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y fija protocolos de respuesta frente a amenazas sobre los derechos soberanos del país.
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