02 Ene 07:59h

El Gobierno nacional oficializó este viernes una profunda reforma de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, modificó de forma sustancial la estructura y el funcionamiento del sistema.

La normativa, publicada en el Boletín Oficial, otorgó una centralidad estratégica a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y generó un inmediato rechazo de diversos sectores de la oposición. Los referentes parlamentarios denunciaron que la medida representa un avance hacia un «Estado policial» y cuestionaron el uso de un decreto para eludir el debate legislativo en una materia que afecta derechos y garantías constitucionales.

La reforma estableció la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), un ámbito que unifica bajo la conducción de la SIDE a los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas, policiales y de seguridad federales.

Asimismo, se dio origen a la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), que obliga a diversos ministerios y organismos públicos, como Migraciones y Aduanas, a aportar información relevante para el análisis estratégico.

El Poder Ejecutivo justificó la decisión en la necesidad de ordenar competencias y enfrentar nuevas amenazas tecnológicas y criminales con celeridad, alegando que la urgencia del contexto impidió esperar los tiempos del trámite legislativo ordinario.

Cambios estructurales y reconfiguración de agencias

Uno de los puntos centrales del decreto es la división de tareas en el ámbito digital, con la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) para la protección de infraestructuras críticas, mientras que la anterior Agencia Federal de Ciberseguridad se transformó en la Agencia Federal de Ciberinteligencia.

En el área de seguridad estratégica, la Agencia de Seguridad Nacional pasó a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia, con un enfoque preventivo contra el espionaje y la injerencia extranjera.

Además, el DNU dispuso la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y transfirió sus recursos al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para eliminar superposiciones históricas.

La normativa fortaleció el control administrativo de la SIDE, que se consolidó como el órgano superior con facultades para aprobar presupuestos y manejar gastos reservados.

También se creó la Inspectoría General de Inteligencia, que reemplaza a la División de Asuntos Internos, con mayores atribuciones para realizar auditorías e investigaciones internas.

El decreto habilitó formalmente a los organismos de inteligencia a solicitar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad y estableció que todas sus actividades revisten carácter encubierto debido a su sensibilidad estratégica.

El rechazo unánime de la oposición

La reacción de la oposición fue contundente y se centró en la ilegalidad del uso del DNU para reformar una ley de esta magnitud. El diputado Maximiliano Ferraro (ARI – Coalición Cívica) calificó la medida como un «retroceso intolerable» y señaló que el presidente prefirió los atajos en lugar de enviar un proyecto al Congreso.

Por su parte, el legislador peronista Agustín Rossi advirtió que el texto fortalece la idea de un Estado represor y oscuro, mientras que Jorge Taiana alertó que la consecuencia directa será un Estado policial que perseguirá a opositores y subordinará la inteligencia militar a la seguridad interior.

Otros referentes, como el socialista Esteban Paulón y radical Ricardo Alfonsín, expresaron su preocupación por la concentración de poder y el riesgo para la seguridad nacional que implica la medida.

Desde la izquierda, Christian Castillo sostuvo que el decreto representa un salto en el espionaje a periodistas y políticos, mientras que el radical Leopoldo Moreau afirmó que la norma obliga a la administración pública a transformarse en «delatores de la oposición».

El decreto será remitido ahora a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, donde los legisladores opositores adelantaron que buscarán su rechazo inmediato.

PELADO STREAM