16 Oct 08:07h
La V Marcha Federal Universitaria reunió a cientos de miles de manifestantes en las inmediaciones del Congreso de la Nación para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el rechazo al DNU 70/23. La protesta derivó en represión policial tras la caída de la sesión parlamentaria, con un saldo de más de 550 personas afectadas por gases, 25 detenidos —entre ellos un menor de 14 años— y acusaciones cruzadas entre autoridades universitarias y el Ministerio de Seguridad sobre la presencia de infiltrados violentos.
Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), las fuerzas de seguridad (Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía Federal) dispararon más de 120 granadas de gas lacrimógeno, postas de goma y proyectiles con gas químico Byrna, además de lanzar agua a presión con dos camiones hidrantes.
El cruce de las avenidas Callao y Rivadavia concentró el punto de mayor tensión. Al menos 550 personas sufrieron los efectos del operativo. Entre los afectados figuraron 16 monitores de la CPM, dos integrantes del Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura de CABA, unos 50 trabajadores de prensa y 20 miembros de postas sanitarias del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA). En las filas oficiales, ocho efectivos resultaron heridos: cuatro de Gendarmería, dos de Prefectura y dos de la Policía Federal.
El operativo dejó un saldo total de 25 aprehendidos. La Policía de la Ciudad capturó a seis personas: tres hombres, una mujer, un adolescente de 17 años y un niño de 14 años. El arresto del menor ocurrió en la esquina de Montevideo y Bartolomé Mitre bajo la acusación de arrojar piedras contra un patrullero.
Ante el caso, la Unidad Fiscal de Flagrancia Este derivó la actuación al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. Los adultos enfrentaron cargos por atentado y resistencia a la autoridad. El Gobierno Nacional presentó una denuncia penal por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y delito de daño agravado. El escrito judicial sostuvo que los manifestantes actuaron con rostro cubierto, rompieron el mobiliario público para obtener proyectiles e intentaron paralizar la actividad legislativa. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estimó los destrozos en la Plaza de los Congresos en 90 millones de pesos.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó en la red social X: «Los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada».
Frente a estas declaraciones y a denuncias en redes sociales sobre la presencia de infiltrados policiales, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, desvinculó a la comunidad académica de los incidentes y calificó de ineficiente el accionar de la policía. Yacobitti señaló que el acto contó con una multitud pacífica y que una minoría ajena («cinco gatos locos») buscó empañar la marcha para ser funcional a los sectores opuestos a la universidad pública.
El vicerrector respondió también a las autoridades nacionales: «Nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente», en reclamo del cumplimiento del presupuesto universitario. Durante la desconcentración, la diputada Lilia Lemoine sufrió insultos tras el fracaso de la sesión opositora.
La movilización tuvo la convocatoria del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA). La protesta sumó el respaldo de la CGT, ambas centrales de la CTA, la UTEP, la UCR, partidos de izquierda y sectores peronistas agrupados en La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro.
Las casas de altos estudios exigieron la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por el Congreso y por medidas cautelares del Poder Judicial para recomponer salarios y becas. Los organizadores denunciaron el congelamiento de las Becas Progresar en $35.000 desde 2024, reducciones en las Becas Manuel Belgrano y recortes en el área científica.
Sobre el Presupuesto 2027, rechazaron el proyecto oficial por asignar menos del 1% del PBI y respaldaron la propuesta del CIN de aplicar un incremento del 33,4%. Reclamaron además la derogación del DNU 70/23, la restitución del FONID y la apertura de paritarias libres para el personal docente y no docente.
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